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Sábado 29/06/2024  

Miles de horas extras 'invalidan' los cuatro despidos de la Agencia Andaluza del Agua

La acampada finalizó ayer y contó con la presencia de representantes del PP y de Izquierda Unida

  • Afectados, representantes sindicales y del PP e IU, estuvieron ayer en la comparecencia en Montealto. -
  • La FSP/UGT denuncia que se han llegado a realizar casi 14.000 horas fuera de la jornada laboral
  • Tal cantidad demuestra que hay un problema estructural de falta de personal
La acampada de los trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua, reivindicando la readmisión de los cuatro compañeros a los que la Junta despidió y se niega a readmitir pese a que el juzgado calificó el despido de “improcedente” terminó ayer con una comparecencia pública de los responsables de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la que, entre otras cosas, hicieron público un informe que demuestra que tal decisión es absurda, sobre todo cuando se conoce que el año pasado, para atender al servicio, fueron necesarias 13.688 horas extras que costaron a la Junta 420.602,90 euros.
En realidad, que a la Junta le haya costado esa cantidad es pura teoría, puesto que la Administración autonómica, pese a estar todas las horas extras certificadas por los responsables correspondientes en cada caso, se ha negado a pagar las mismas, acogiéndose al convenio colectivo vigente que no permite hacer más de 80 horas al año, que son las que ha pagado.
Es decir, por un lado obliga a los trabajadores a prolongar la jornada laboral por falta de personal para cubrir el servicio necesario, por otra se niega a pagar las horas de más echadas en el tajo y, para rematar el desaguisado, despide a cuatro personas en lo que los trabajadores consideran que no es más que un primer paso para acabar con una docena de trabajadores externos.
Por eso, ayer, junto a los despedidos y a compañeros suyos que pueden correr el mismo riesgo, estuvieron José Porras Naranjo, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la provincia y Luciano Castaño, secretario general de la sección sindical y presidente del comité de empresa en la Agencia, así como otros cargos de la FSP, antiguos compañeros en la extinta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y más tarde Cuenca Atlántica de la A.A.A. y actualmente en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, como Francisco Sánchez o Carlos Dorantes.
Además, también estuvieron arropados por representantes del PP como García-Pelayo o Aurelio Romero y por representantes de IU como Joaquín del Valle o Manuel Cárdenas, coordinador provincial.
Porras Naranjo, por ejemplo, criticó con dureza a la Junta por comportarse como la peor de las patronales, asegurando que está aprovechando estos momentos de crisis para especular con un servicio público, en lo que calificó de un claro abuso de poder.
El secretario general de la FSP pidió a la Junta que “deje de jugar” con los trabajadores y que “respete sus derechos” readmitiendo a los despedidos.
Luciano Castaño, por su parte, tras reiterar que el motivo del encierro había sido exclusivamente la petición de readmisión de los cuatro despedidos a los que los juzgados les habían dado la razón, explicó el proceso seguido hasta llegar a esta situación.
Los trabajadores, en relación a las horas extraordinarias no pagadas, recuerdan que el día 17 de diciembre de 2007, previo a la desconvocatoria de una huelga, se acordaron en el Sercla una serie de cuestiones con la Junta que no se han cumplido, entre ellas el hecho de que las horas extraordinarias se pagarían en el plazo de tres meses, algo que, obviamente, no se ha hecho.
En concreto, a fecha de hoy, la Agencia Andaluza del Agua adeuda a los trabajadores transferidos al Consorcio de Agua de la Zona Gaditana las horas extras realizadas durante los meses de abril y mayo de 2008; a los trabajadores del Sistema del Campo de Gibraltar las horas realizadas durante los meses de agosto a diciembre de ese mismo 2008 y a los trabajadores del Sistema Guadalete-Barbate las horas trabajadas durante los meses de abril a diciembre de 2008.
Todos los trabajadores afectados por estos impagos presentaron sus correspondientes reclamaciones a finales de marzo de este año y, tras pasar los plazos legales establecidos, han formalizado sus correspondiente demandas por el importe que estiman que se les adeuda, sin que haya respuesta alguna.

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