Cristóbal Montoro nació en Cambil, un pequeño pueblo de Jaén, y ha sido diputado electo por esa provincia y por Sevilla en varias legislaturas, pero a Susana Díaz no le importaría iniciar los trámites para declararle persona non grata en la región que le vio crecer. El chascarrillo malévolo lo deslizaba hace semanas en el Parlamento andaluz un diputado socialista tras confirmarse el techo de déficit aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se conocía aún que el ministro de Hacienda, titular de las competencias de Administración Pública, andaba también ya maquinando el último aldabonazo al Ejecutivo andaluz: un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la restitución de las 35 horas en el sector público. Montoro es desde hace tiempo a los ojos de la Junta y del PSOE-A incluso más enemigo que el mismísimo Rajoy.
Cuando nadie lo esperaba
Absorto en las batallas financieras, el Gobierno de Díaz no vio acercarse la última jugada de Moncloa. Ahí el Ejecutivo central ha actuado con la misma frialdad que en 2012, cuando apuró hasta el último minuto para comparecer en Consejo de Ministros y anunciar que recurría las oposiciones de Educación Secundaria. Como ocurrió entonces, nadie sospechaba ya en San Telmo que pudiesen tumbarles el decreto ley aprobado en noviembre en el Parlamento regional y que rebajó en enero de 37,5 a 35 horas la semana laboral de los empleados públicos.
Susana Díaz sabía que se jugaba mucho entonces porque a los gobiernos del País Vasco y Castilla-La Mancha ya les impugnó Rajoy la misma estrategia apelando al Constitucional. La presidenta se arriesgó, se hizo la foto con los sindicatos y le hizo un guiño a los 270.000 empleados de su Administración. El viernes, en el último suspiro del plazo legal, llegó el anuncio del recurso. Montoro no acepta que haya funcionarios con prebendas laborales y mucho menos que las comunidades se salten las restrictivas medidas aprobadas en 2012. La Junta tiene la batalla casi perdida vistos los precedentes y sólo le queda el honroso derecho al pataleo. Otra guerra.
“Hachazo” y 600 millones
La Junta cavará ahora otra trinchera sin haber cerrado aún el último frente, el del límite de déficit en el que el Gobierno central le autoriza incurrir. Ahí emerge de nuevo la figura del ministro de Hacienda, zarandeado en las últimas semanas por la Junta al interpretarse en San Telmo que limitar sólo al 0,4% su pretensión inicial de endeudarse hasta el 0,6% del PIB le obliga a ajustarse el cinturón este año y el siguiente en 600 millones. Díaz ya ha alertado de que eso redundará en una merma en los servicios públicos. La última oferta al alza de Montoro, que cedió una décima este año y otra en 2019 para postergar el equilibrio hasta 2020, tampoco convence. La Junta clama contra “otro castigo hacia una comunidad que es de las más cumplidoras”. Andalucía votó en contra pero tampoco parece que pueda arañar mucho más.
Presupuestos a la baja
Los anteriores son sólo los últimos encontronazos, pero el Ejecutivo andaluz no olvida el que considera mayor “desprecio” a Andalucía de Montoro en años al recortar en un 36% el músculo inversor del Estado en la comunidad con la “ridícula” partida de 20 millones en el tramo del Corredor del Mediterráneo como emblema del desplante.
Y lo que ya coleaba...
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, viaja siempre con una carpeta de supuestos agravios de Montoro bajo el brazo. Hace dos semanas explotó y los recitó de corrido: un modelo de financiación caduco que ha hecho perder a Andalucía 4.700 millones en cuatro años, liquidaciones que siempre guardan sorpresas a la baja... Y en unos días se conocerán las entregas a cuenta. Quizás haya nuevas escaramuzas.
El incómodo papel de Juanma Moreno
El Gobierno andaluz y el PSOE-A siguen una estrategia de manual cada vez que consideran que Andalucía ha sido agraviada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Primero dirigen los cañones hacia Moncloa y luego, en un segundo escalón de su crítica, reclaman explicaciones a Juanma Moreno como líder en la comunidad del Partido Popular. El presidente del PP-A ya sabe lo que es digerir esa complicada papeleta (la de justificar las decisiones de su formación que aparentan daños a la región) y le toca ahora con las 35 horas. Este mismo domingo el PSOE-A le ha exigido que "alce la voz" contra el Gobierno central...
