“Lo que la Junta ha hecho de computar como trabajo lo que hacemos en casa lo pudo haber hecho hace cinco años, cuando se lo planteamos nosotros. Pero entonces nos dijeron que no era posible”. El responsable del área de Educación del sindicato de Enseñanza de Ustea, Pedro del Pozo, rechaza el acuerdo con el que la Junta y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF tratan de salvar la jornada de 35 horas declarada inconstitucional por ser un “circo político” con un “fin partidista”.

“No nos gusta la forma”, explicó ayer a este periódico Pedro del Pozo. “Nosotros ya planteamos que se contabilizara como parte de nuestra jornada el trabajo que ya veníamos desarrollando en casa” para preparar las clases o corregir exámenes, por ejemplo, “y nos dijeron que no era posible”. El responsable de Educación de Ustea asegura que, de haberse aceptado su propuesta, se hubieran ahorrado miles de despidos.

El sindicato de trabajadores de la Enseñanza manifiesta, por otro lado, sus dudas respecto a la validez del acuerdo suscrito por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos presentes en la mesa de negociación de la Función Pública. “Nos preocupa la seguridad jurídica que pudiera tener”.

En de los docentes no es el único sindicato que ha manifestado sus dudas respecto a este acuerdo, con el que la Junta pretende dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y, por tanto nulo, el Decreto-ley 5/2016, que fijaba la jornada laboral de 35 horas.

En este sentido, el Sindicato Médico de Andalucía ya denunció el “montaje público” que supone el acuerdo, puesto que, en su opinión, el Gobierno andaluz y el SAS tienen “mecanismos para mantener las 35 horas semanales sin que esto suponga contravenir al Constitucional”.

El sindicato Ustea considera que los trabajadores “no pueden ser la moneda de cambio” en la confrontación que mantienen el Gobierno y la Junta de Andalucía, en este caso a cuenta de la jornada laboral de los empleados públicos.