La Policía Nacional informó ayer de que uno de los miembros de La Manada intentó obtener el pasaporte el pasado lunes, tan sólo tres días después de que la Audiencia Provincial de Navarra le concediera la libertad provisional con, entre otros requisitos, la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. La explicación “a posteriori” de su abogado de que como tenía el pasaporte caducado y tenía la obligación de entregarlo tan sólo había acudido a comisaría a informarse de si lo tenía que renovar o no parece poco convincente. Como se recordará, los magistrados navarros decidieron excarcelar a los cinco violadores miembros de La Manada, hecho que provocó una fuerte contestación social en todo el país, con el argumento de que como han perdido el anonimato el riesgo de fuga es menor y, además, carecen de medios económicos para intentarlo.
El intento de uno de ellos de obtener un pasaporte, con la coartada de entregarlo luego a la Justicia, demuestra la existencia de ese riesgo, que se negaba en el auto judicial. Como la decisión de la Audiencia es revisable y revocable -la víctima de la violación múltiple en la fiesta de los sanfermines y el Ministerio Fiscal presentaron ayer mismo recurso-, el episodio del pasaporte en una comisaría sevillana se convierte en un factor agravante de la situación de los condenados a la hora de dirimir a la vuelta del verano su posible reingreso en prisión.
