Después de una campaña más o menos acertada según los análisis que se hacen ahora, a toro pasado, el Parlamento andaluz nos deja un mapa cuya principal noticia no es la pérdida del gobierno por parte del PSOE, algo que parecía más que probable, sino la irrupción de una nueva fuerza al parecer situada fuera, o al borde, de la Constitución, cosa por cierto que no es novedosa, ya que esta situación la vivimos hace unos años con la irrupción de otra a la que se acusaba de lo mismo y hoy en día está incorporada a nuestra cultura democrática, e incluso de gobierno.
Pero es precisamente la incorporación de Vox al nuevo Parlamento andaluz lo que ha hecho postularse hasta a tres candidatos a la Presidencia de la Junta y con ellos varias opciones de pacto. Pero obsérvese que estamos hablando de pactos “postelectorales” cuando los andaluces votaron en base a unos programas y unas propuestas concretas que ahora no tienen la seguridad de que se materialicen en unas políticas de gobierno, aunque lo acaben formando aquellos a quienes votaron.
Es cierto que vivimos en una democracia representativa bajo un sistema parlamentario y que una vez elegidos los representantes son estos los que deben llevar a cabo su labor con la adopción de los acuerdos y la suscripción de los pactos que tengan por conveniente. Pero es llamativo que para iniciar una acción de gobierno lo primero que tengan que hacer es ponerse de acuerdo en la elaboración de un nuevo programa que finalmente no será sometido a refrendo popular. Y no vale que todos los programas que se pongan ahora encima de la mesa hayan pasado por las urnas, porque cada uno de ellos fue votado por separado y el nuevo que se consensue no lo habrá sido por nadie.
La solución debería pasar, necesariamente, por la modificación de la Ley electoral introduciendo una segunda vuelta para el caso de que ninguna opción política obtenga la mayoría absoluta en la primera. Soy consciente de que no estamos en un sistema presidencialista, como aquellos en los que habitualmente se aplica esta fórmula, pero no todo va a ser copiar, también podemos adaptar e incluso innovar. Y en el caso de que en la primera vuelta ninguna formación obtenga la mayoría absoluta se iría a una segunda en la que podrían participar todas las candidaturas que hubiesen obtenido representación en la primera, con la particularidad de que lo que se va a elegir ahora es la forma de gobierno y por lo tanto podrían acudir a esta segunda vuelta o bien en solitario o bien con las coaliciones que pudieran acordarse, de manera que, una vez llegados a pactos o acuerdos, que hasta ahora son “postelectorales”, estos se conviertan en “preelectorales”, sometiéndolos al refrendo de las urnas.
Y aquella opción que resulte ganadora obtendría la mayoría absoluta mientras que el resto de escaños se redistribuirán entre las distintas fuerzas que hubiesen obtenido representación en la primera vuelta proporcionalmente al resultado que les corresponda por los votos obtenidos en aquella, que es la que sirvió para fijar las preferencias del electorado con respecto a cada una de esas listas por separado, no teniendo la obligación de seguir manteniendo la coalición presentada a la segunda ya que esta lo era como opción de gobierno pero no necesariamente de oposición.
Bajo esta fórmula desaparecerían las estrategias que estamos viendo ahora, pues algunas de las propuestas de gobierno que se están haciendo no pasan por un pacto de investidura ni de legislatura sino tan sólo por una estrategia para que Vox no decida la formación de gobierno, y mucho menos para que entre en el mismo, lo que sería de aplicación también para otro tipo de elecciones y con otras formaciones igualmente incómodas. Pero, y más importante, se conseguiría que el programa de gobierno que finalmente se vaya a aplicar haya sido refrendado previamente por el cuerpo electoral.
Decía un alcalde andaluz que el voto no se da sino que se presta, pero con el sistema actual es un préstamo en cautividad durante 4 años, porque una vez emitido en la urna su consecuencia final ya no depende del elector sino de la voluntad de aquellos a los que ha elegido que podrían aplicar un programa distinto que aquel para el cual lo fueron y por el que el elector depositó su voto precisamente en esa formación política y no en otra. Dar por sentado que la gente que vota a una determinada opción política estaría de acuerdo en que finalmente el gobierno lo compartiera con el programa, e incluso con los integrantes, de otra u otras opciones a las que no han votado es mucho suponer y la única forma de salir de dudas es que vuelva a pronunciarse sobre ello.
