Picaresca desde la discapacidad

Publicado: 15/10/2009
De entre el millar de minusválidos que tiene tarjeta de aparcamiento especial en Algeciras, hay una minoría que utiliza tretas variadas para dar a familiares y conocidos la oportunidad de estacionar sin esfuerzo .
Un servicio tan necesario y bienintencionado como la emisión de tarjetas de minusválidos para estacionamiento puede convertirse en la perfecta herramienta para perpetrar un fraude tanto a la Administración como al resto de usuarios de la vía pública. La Policía Local tiene, dentro de sus unidades de Policía de Barrio, dos agentes especializados en esta rama que en su trabajo diario han podido asistir a tretas de todos los colores.

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social cuenta con un Centro de Valoración y Orientación, destinado a valorar los índices de capacidad y, en caso de que la discapacidad supere el 65 por ciento, emitir este tipo de tarjetas. Unas 1.000 personas, según la Policía Local, cuentan con esta concesión en Algeciras, que además de permitir estacionar en las plazas de aparcamiento habilitadas y señalizadas para ello, suponen la concesión de descuentos fiscales para, por ejemplo, comprar un vehículo. A partir de ahí, las ordenanzas de cada Ayuntamiento marcan la pauta a seguir. En Córdoba, por ejemplo, las plazas de aparcamiento para minusválidos están personalizadas, asignadas a una matrícula concreta, para su uso exclusivo por parte del beneficiario.

En Algeciras, sin embargo, nadie tiene la propiedad específica de una plaza para minusválidos, pese a que cotidianamente podamos ver a los mismos coches aparcados en las mismas plazas. La Policía informó de la presencia de unas 200 plazas de este tipo en el municipio, que naturalmente no cubren el total de tarjetas existentes, por lo que el ideal es que los usuarios vayan rotando.

Cuando una persona discapacitada obtiene de la Junta una tarjeta de este tipo, puede solicitar al Ayuntamiento la reserva de una plaza con tal fin, que se instalaría en virtud de la presencia o no de otros aparcamientos similares en la zona, en las cercanías de la vivienda y el área de trabajo del minusválido. No obstante, la plaza no es de su propiedad, y dado el caso de que otro discapacitado autorizado quiera ocuparla, estará perfectamente justificado para ello.

Fraude
Los agentes de la Policía Local se han encontrado con una enorme variedad de abusos relacionados con la utilización de estas tarjetas de la Junta. Desde el cuerpo municipal apuntaron tres grados de utilización irregular. El primero, “cuando un minusválido utiliza su vehículo, adaptado o no, y lo estaciona, dejando no el original, sino una fotocopia del documento”. En estos casos, la justificación suele ser que, ante la posibilidad de que el original se deteriore por efecto del sol, se echa mano de una fotocopia.

El segundo grado es el de un minusválido quien hace uso de su tarjeta durante su traslado en el vehículo de un familiar. Los agentes reseñaron que es “muy difícil” corroborar que, efectivamente, se está trasladando a estas personas. Como anécdota, uno de los agentes comentaba que, con motivo de la última campaña de captación de socios para el Algeciras CF, a la que acudió el alcalde, Tomás Herrera, observó a un individuo bajar de un coche que ocupaba una plaza de minusválido. Al preguntarle, indicó que iba a recoger a su madre, beneficiaria de la tarjeta.

En una situación normal, la Policía Local lo deja estar y sigue patrullando, pero en este particular, el agente continuó ejerciendo su trabajo allí, y dos horas después, esta misma persona volvía a coger el coche para marcharse, sin llevar pasajero alguno en el mismo. Eso sí, se sirvió de una plaza de discapacitado en un lugar en el que es muy difícil estacionar un día normal.Hay casos más graves, auténticas falsificaciones documentales en las que las copias constan de una fotografía que no se corresponden con los que figuran en el documento.

Un agente comentó el caso de una tarjeta que estaba caducada y el usuario fraudulento escaneó una fotografía para pegarlo a la misma, manteniendo el nombre del anterior usuario. Se da la circunstancia de que, curiosamente, el infractor era también discapacitado, pero no se le había concedido la tarjeta.

Los infractores suelen ser reincidentes, según explicaban los agentes actuantes, y por ello están ya fichados por la Policía Local. Sin embargo, estos fraudes son muy difíciles de demostrar, por lo que se sancionan con muy poca frecuencia.

En lo que se refiere a las multas por estacionamiento indebido en plazas de minusválidos, desde la Policía Local no pudieron aportar una cuantificación exacta ni aproximada de los casos. No obstante, quisieron dejar claro que los algecireños “suelen ser bastante respetuosos” y que los casos “son mínimos en comparación con las sanciones que imponemos por estacionar, por ejemplo, en carga y descarga”, apuntaban los agentes.

Hay que reseñar que estas plazas reservadas, sobre todo, para fines comerciales, también pueden ser utilizadas por dos horas como máximo por los discapacitados, un plazo que también se incumple, en numerosas ocasiones.

Desde el cuerpo policial pidieron a la ciudadanía un ejercicio de responsabilidad a la hora de utilizar los estacionamientos para minusválidos y las tarjetas especiales para aparcar, pensando en los demás usuarios con impedimentos. No obstante, reseñaron que la mayoría ejercen sus derechos de modo adecuado.

Maniatados

Recientemente, representantes de la Policía Local y del Centro de Valoración y Orientación mantuvieron una reunión en la que los agentes de la Policía de Barrio expusieron a los responsables del ente autonómico su preocupación por el volumen de casos de fraude en relación con la tarjeta de minusválidos.

Desde el cuerpo municipal indicaron que los resultados del encuentro no fueron, en absoluto, halagüeños. De hecho, desde el Centro de Valoración les informaron que sólo se puede sancionar con la retirada del carnet especial en caso de que exista una ordenanza específica en el Ayuntamiento del que dependan los agentes denunciantes que se refiera en esta cuestión.

En otras palabras, el Consistorio tendría que emitir una normativa potencialmente impopular como sería la penalización a minusválidos infractores para poder perseguir con rigor el abuso cometido con estas tarjetas.

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