El Partido Popular no descarta iniciar medidas legales contra la Consejería de Educación después de que la responsable del área, Teresa Jiménez, no haya admitido “ningún tipo de error” en el hecho de publicar los nombres de 81 menores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La publicación hace referencia a las resoluciones emitidas por la Administración regional a los padres de los escolares que decidieron acogerse al derecho de objeción de conciencia para evitar que sus hijos reciban clases de Educación para la Ciudadanía.
    
“Son ganas de señalar a los ciudadanos simplemente por acogerse a un derecho del que podemos disfrutar todos”, resaltó el diputado popular en el Congreso, Ángel González, quien hizo referencia a la vulneración de derechos básicos de los menores. Así, los 47 diputados populares que conforman el Parlamento de Andalucía enviaron una carta de amparo al Defensor del Pueblo Andaluz en su calidad de Defensor del Menor, José Chamizo, solicitándole su intermediación en el asunto. Investigación que Chamizo ya iniciado junto a la Fiscalía de Sevilla, que ha abierto diligencias informativas para conocer las causas que provocaron la publicación de los nombres de los menores objetores de conciencia.
    
La citada denuncia a la Consejería de Educación también se presentará, a modo de moción, en el próximo pleno de noviembre del Ayuntamiento de Antequera, instando a la Junta de Andalucía a enmendar el “error cometido”.