El Pleno de Diputación ha aprobado, por unanimidad, reclamar a la Junta de Andalucía el reconocimiento de los 44 municipios de la provincia de Cádiz como "zonas de actuación prioritaria para el desarrollo de políticas de empleo y apoyo a la actividad productiva". La iniciativa, planteada por el grupo andalucista, se enmarca en el Acuerdo para el Progreso de Andalucía suscrito a finales de marzo y pendiente de desarrollo y concreción.
La demanda se justifica en los actuales índices de desempleo de la provincia de Cádiz, con más de 230.000 personas desempleadas y una tasa de paro que supera el 40 por ciento según las últimas referencias del Instituto Nacional de Estadística.
La sesión plenaria ha sido pródiga en la aceptación de propuestas: se han aprobado nueve de las 11 presentadas, seis de ellas por unanimidad; según ha informado la Diputación en un comunicado.
Todos los grupos han votado a favor de solicitar a la Junta la instalación de una unidad de hemodinámica en el área sanitaria del Campo de Gibraltar. La propuesta, defendida por el diputado popular Ángel Luis Fernández, expone que la distancia entre dicha comarca y los servicios médicos hoy disponibles --en Cádiz y en Málaga-- supera los 100 kilómetros. Esta lejanía, y la urgencia que requieren las intervenciones coronarias, ha propiciado el acuerdo unánime.
Un asunto presentado por Izquierda Unida, sobre la ampliación del dragado en el río Guadalquivir y los posibles perjuicios a la pesca, el marisqueo y el turismo en Sanlúcar, también ha concluido en acuerdo unánime. Esta propuesta --defendida por Pedro Romero-- ha incorporado una enmienda del Partido Popular, en el sentido de someter el proyecto de dragado al consenso de las administraciones estatal, autonómica y al Consejo de Participación de Doñana; además de validarlo con las indicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mientras no se cumplan estas premisas, y se desconozcan las afecciones a los sectores pesquero, arrocero y turístico, Diputación "se posicionará de forma contraria al dragado del río".
La vicepresidenta primera de Diputación, Mercedes Colombo, ha sido la portavoz del PP en otra de las iniciativas aprobadas por unanimidad y orientada a la estabilidad laboral que precisan los intérpretes de Lengua de Signos Española. En concreto se demanda a la Junta el cumplimiento de la Ley 11/2011 de 5 de diciembre por la que se regula el uso de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva. La solicitud de una partida económica en los presupuestos de la Junta, que aporte "transparencia en la financiación de un servicio que debe ser de calidad", se incluye en la propuesta aprobada por todos los grupos.
También se ha aprobado por unanimidad --a propuesta del PP-- instar al Gobierno de España la adopción de medidas para que las entidades bancarias apliquen, a las corporaciones locales, intereses de mercado en sus operaciones de endeudamiento.
OTROS ASUNTOS
El Pleno, con el apoyo de PP y PA frente a los votos en contra de PSOE e IU, ha aprobado solicitar a la Consejería de Turismo de la Junta la apertura total de la Villa Turística de Grazalema, conforme al compromiso de "rehabilitación integral". Estas instalaciones abrirán este jueves parcialmente tras una clausura de más de tres años. El establecimiento --de titularidad autonómica-- fue gestionado por Diputación a través de Tugasa hasta que la Junta reclamó su reversión, justificada por un nuevo proyecto en el seno de las Villas Turísticas de Andalucía "pero que ha estado paralizado desde 2010".
Con los votos favorables de PP y PA, y las abstenciones de PSOE e IU, ha prosperado una iniciativa andalucista defendida por el diputado Jesús Plaza y destinada al "necesario rejuvenecimiento de la actividad agraria". La propuesta reclama a la Junta de Andalucía la convocatoria de ayudas para incentivar el cese anticipado de la actividad para agricultores y ganaderos autónomos que hayan cumplido los 55 años; para facilitar el establecimiento de nuevos agricultores y la modernización de las explotaciones. Estas ayudas no se han convocado en las dos últimas campañas de 2011 y 2012.
Bernardo Villar, vicepresidente segundo de Diputación, ha intervenido en otra de las iniciativas aprobadas y referidas a la limpieza de ríos y arroyos. Se reclama esta obligación a la Junta, como administración competente, considerando los daños causados por las recientes lluvias en carreteras de la red provincial. "Este deterioro se minimizaría si, regularmente, se limpiasen los cauces anejos a las calzadas. De esta manera se reduciría la sedimentación de las cuencas y los riesgos de desbordamiento". Nueve carreteras que administra Diputación han sido afectadas por este motivo. La propuesta cosechó los votos favorables de PP y PA, la abstención de IU y el rechazo del grupo socialista.
