El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, aclara a la Junta de Andalucía que el Consistorio está “cumpliendo rigurosamente” los plazos para la modificación del PGOU requerida para sacar adelante la operación que el Gobierno andaluz tiene pendiente en los terrenos donde se ubicaba la residencia de Tiempo Libre.
Además, y tras negar rotundamente que el Ayuntamiento de Cádiz esté retrasando los trámites, detalla que precisamente ahora “se está completando una calificación medioambiental solicitada por el propio Gobierno andaluz”.
Este trámite no es otro que el documento de Evaluación Ambiental Estratégica, en cumplimiento de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, incluido en la última modificación de la norma en el pasado 3 de marzo mediante el Decreto-Ley 3/2015. “Al ser la primera vez que se redacta este documento, se está trabajando junto con los técnicos de la propia Junta de Andalucía, a los cuales el propio López Gil debería de consultar antes de hablar por hablar”.
Martín Vila pide tanto al delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, como al secretario local del PSOE, Francisco González, que “dejen de acusar al Ayuntamiento de Cádiz en este caso, pues está cumpliendo tanto el mandato del Pleno como la tarea técnica que le corresponde”, al tiempo que reclama “respeto a los técnicos municipales, que están cumpliendo los plazos que marca la Ley en este tipo de casos”.
Sobre la petición de concreción sobre el proyecto, Martín Vila sostiene que “el papel del Ayuntamiento, tras el acuerdo plenario, se limita a seguir estrictamente los plazos marcados por Ley para que esa modificación del PGOU sea efectiva”, incidiendo en que “la concreción la debe aportar la Junta, que lleva años mareando la perdiz con Tiempo Libre, un espacio privilegiado de la ciudad y cuyo abandono es sólo consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno andaluz. Es la Junta de Andalucía la que no para de hablar de inversores, sin que diga quienes son, y son ya varias las promesas que con el tiempo se han convertido en nada las que acumula esta administración”.
No obstante, “pese a que desde el Equipo de Gobierno se mantenga que el mejor uso para este equipamiento es que vuelva a ser una residencia de turismo social y no se comparta las intenciones de la Junta de Andalucía ni la venta de los terrenos, el Ayuntamiento de Cádiz está cumpliendo escrupulosamente con los plazos y en ningún momento ha habido retraso alguno”, explica el concejal de Urbanismo, que resalta de esta manera “la lealtad institucional del Ayuntamiento de Cádiz, muy alejada de la del Gobierno andaluz, que no duda en acusar sin pruebas”.
El primer teniente de alcalde critica que tal vez la Junta de Andalucía y el PSOE de Cádiz “quieran levantar una cortina de humo acusando al Ayuntamiento en el tema de Tiempo Libre para tapar la reclamación y las reivindicaciones legítimas de los trabajadores de la Escuela de Hostelería, que están hartos de los incumplimientos de la Junta”.
Asimismo, indica que “si la Junta quiere prender con mentiras una mecha, que sea consciente de que en la ciudad de Cádiz hay incumplimientos de sobra por parte de la Junta como para mantener vivo ese fuego”, y recuerda en este punto “incumplimientos de la Junta como el nuevo hospital de Cádiz, la Ciudad de la Justicia, el albergue juvenil o la segunda fase de las viviendas de Matadero, entre otros”.
Por último, Martín Vila invita al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz a, ya que ha iniciado el camino hacia los juzgados, “demuestre su lealtad a la ciudad y no al partido, no se dé vuelta atrás, y exija el cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Parlamento de Andalucía para la solución a la Escuela de Hostelería de Cádiz”.
Cádiz
El Ayuntamiento aclara a la Junta de Andalucía que está “cumpliendo rigurosamente” los plazos para la modificación del PGOU por Tiempo Libre
Además, y tras negar rotundamente que el Ayuntamiento de Cádiz esté retrasando los trámites, detalla que precisamente ahora “se está completando una calificación medioambiental solicitada por el propio Gobierno andaluz”.
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