La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cinco años y medio de prisión al conductor de la furgoneta que embistió a una patrulla de la Guardia Civil en San Roque en noviembre de 2014 y lesionó a los dos agentes que iban en el vehículo. El otro acusado en este caso ha sido condenado a dos años y medio de prisión.
En concreto, según ha dado a conocer la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), uno de cuyos letrados representaba a uno de los agentes heridos, al principal acusado, que conducía la furgoneta, se le condena a dos años de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad, otros dos años de prisión por un delito contra la salud pública, seis meses más de prisión por conducción temeraria (además de tres años sin carnet de conducir) y un año más de prisión, en este caso seis meses por cada uno de los dos delitos de lesiones, así como seis meses de multa por un delito de daños.
El otro individuo acusado en este caso ha sido condenado a a dos años de prisión por un delito contra la salud pública y otros seis meses por denuncia falsa.
La AEGC lamenta la espera de más de siete años para la “reparación de la justicia y finalmente, la condena ha sido de dos años por mandar a dos guardias al hospital. Uno de ellos, nuestro representado, ha sufrido en este tiempo dos operaciones, numerosas infecciones provocadas por las cirugías y más de tres años de baja para el servicio”.
La asociación insiste en su petición de reforma del Código Penal “para que los miembros de las FCSE (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) tengan la misma consideración que los jueces, médicos o profesores, por poner un ejemplo, es decir que dejen de ser considerados agentes de la autoridad para ser autoridad. Sólo así las agresiones de las que somos objeto cada día tendrán una condena justa, ejemplarizante y reparadora”, consideran.
También señalan la necesidad de un juzgado especializado en narcotráfico apoyado por una fiscalía también dedicada en exclusiva a esa tipología de delitos. Lo reclaman para dar celeridad a estos asuntos, ya que “una justicia lenta no es justicia”, sino que “corre a favor del delincuente y en contra de la víctima, porque esta dilación puede suponer que el acusado salga impune por prescripción del delito, un riesgo que hemos corrido en esta ocasión, al tener que esperar más de siete años para sentar en el banquillo a un individuo que durante estos años ha disfrutado de la libertad para seguir dedicándose a su
negociado mientras los guardias se empleaban en reparar los daños que le ocasionó en su salud”.
