En el histórico discurso del presidente de la Junta de Andalucía tras obtener la holgada mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas, Juanma Moreno empezó dando las gracias a “sus jefes”, que, según añadió, “no son otros que los ocho millones y medio de andaluces”. Fue una declaración de intenciones inequívoca de que gobernaría pensando en los intereses de todos, tal y como ha reiterado en no pocas ocasiones el también presidente del PP andaluz. Semanas más tarde, en su toma de posesión, dio una vuelta de tuerca más al asumir el compromiso de “estrenar” en España una nueva manera de gobernar con mayoría absoluta desde el diálogo y el acuerdo con el resto de partidos políticos y agentes socio económicos de la comunidad.
Han pasado 8 meses mal contados de todos estos propósitos y ni rastro de hechos o resultados que confirmen esas promesas. Más bien todo lo contrario. Sin ir más lejos, esta pasada semana hemos asistido a tres episodios en los que el Gobierno andaluz ha demostrado que, lejos de gobernar para todos, tiene a todos o a casi todos en contra. El ejemplo más evidente es la orden sanitaria publicada en el BOJAcon la que la Junta desoyó a los sindicatos -inclusive el Sindicato Médico con el que recientemente alcanzó un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos-, a la oposición política y las advertencias del Gobierno central y puso precio por primera vez a la privatización de la atención primaria y para que los médicos privados puedan usar los centros de salud públicos.
Orden después de que los mismos sindicatos y la misma oposición parlamentaria se echara las manos a la cabeza porque la Consejería de Educación comenzase, por primera vez en muchos años, el proceso de escolarización sin incentivar con una campaña institucional a los padres y madres para que matriculen a sus hijos en centros públicos. Más que una anécdota, una evidencia de su apuesta por la libre elección de centro a costa, si es necesario, de la menguante oferta educativa pública, especialmente en las capitales y ciudades más pobladas.
La última decisión que se aparta del interés general es la nueva Ley sobre cultivos en Doñana que incluye terrenos que eran regadío antes de 2014 cuando no había sequía. Ecologistas, oposición y el Gobierno central saltaron como un resorte en contra de la segunda intentona de los populares por incrementar la zona de regadíos en el entorno de la gran joya verde de Andalucía.
