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Lunes 20/05/2024  
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Ruiz Boix señala "sectarismo y crisis internas" en el gobierno de Diputación

Asegura que Vidal, y más concretamente Franco, tienen realmente las llaves del palacio en el ente provincial

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  • Ruiz Boix, con Arrabal. -
  • Piden medidas de ayuda al sector pesquero frente al alga asiática y exigir a la Junta el pago del bono de alquiler joven
  • Destaca que ya ha habido tres cambios en la estructura de gobierno provincial y que el vicepresidente Ortiz ha perdido casi todas sus competencias

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha señalado este lunes en Algeciras su “preocupación” por el sectarismo y las crisis internas en el gobierno de la Diputación Provincial, "cada día más evidentes a pesar de que el PP y sus socios no han cumplido todavía ni 100 días en los respectivos cargos". A este respecto, Ruiz Boix ha destacado que Almudena Martínez, “la presidenta paseante a la que no se le conoce todavía ningún tipo de propuesta”, ha modificado ya tres veces la composición del gobierno provincial, mientras que el vicepresidente Juancho Ortiz ha perdido casi todas sus competencias, “pasando de duque del Palacio a duquesito”.

“En apenas 93 días les ha dado tiempo a repartir de forma sectaria 33 millones de euros y a pelearse entre ellos”, ha advertido Ruiz Boix, que se ha preguntado si esta primera crisis de gobierno “obedece a las exigencias de Antonio Sanz o si es cosa de Bruno García”, y qué opinarán de estas tensiones entre vicepresidentes quienes realmente tienen la llave del Palacio de la Diputación: el vicepresidente Vidal, de La Línea 100x100, y, más concretamente, el alcalde de La Línea, Juan Franco. "Que nos cuenten qué ocurre en ese gobierno provincial con esas diferencias que existen entre el señor Beardo, el emperador de Roma; el señor Ortiz, el duquesito del palacio; la presidenta paseante, que parece que quiere recuperar competencias, y qué opina quien tiene las llaves del palacio, el vicepresidente, el señor Vidal o, si me apuran, el alcalde de la Línea, Juan Franco", ha sentenciado el sanroqueño.

Boix señala cómo puede afectar a los más de 1,3 millones de habitantes de la provincia de Cádiz, especialmente a los de los 34 municipios que fueron “vetados y discriminados” en ese reparto sectario de 33 millones de euros, que beneficiaba principalmente a cuatro grandes ciudades,·con el premio gordo para La Línea·, y que puede acabar en los tribunales, toda vez que van a estudiar con asesoramiento jurídico si pudo existir delito de prevaricación. “Estoy convencido de que éste va a ser el expediente con mayor número de alegaciones de toda la historia de la Diputación de Cádiz”, ha añadido sobre el plazo de alegaciones que finaliza el día 19.

En cualquier caso, el dirigente socialista entiende que Almudena Martínez y sus socios todavía están a tiempo de enmendar esta “golfada” y abrir un proceso con transparencia y concurrencia competitiva, al que los 45 municipios de la provincia puedan presentar sus proyectos en igualdad de condiciones, y no únicamente, como ha ocurrido, aquellas gobernadas por el PP o por la marca 100x100.

Además, el PSOE ha presentado las mociones que los socialistas van a llevar al próximo Pleno de la Diputación y que abordan cuestiones tan importantes como solicitar medidas de ayuda al sector pesquero frente al alga asiática y exigir a la Junta el pago del bono de alquiler joven y la contratación de personal de integración social en los colegios.

El dirigente socialista se ha mostrado muy crítico con las consecuencias que está teniendo para la provincia la “nefasta gestión” de Moreno Bonilla en la Junta, tal y como ha quedado en evidencia con el “conflicto” generado sobre el bono de alquiler joven: un dinero que el PP tiene secuestrado, con la excusa de “problemas técnicos” y del que los jóvenes andaluces todavía no han visto ni un euro, a pesar de que ya están gestionadas el 80% de las más de 17.000 solicitudes registradas.

Una desidia que también están sufriendo los pescadores afectados por el problema del alga asiática y las cientos de familias de alumnos y alumnas con necesidades especiales, que siguen sin disponer de los monitores de integración social (PTIS) necesarios en sus centros educativos. 

 

 

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