Un interno de 53 años ha fallecido este sábado, presuntamente a causa de una sobredosis, según ha informado el sindicato Acaip en un comunicado.
La formación sindical relata que hacia las 8.00 horas, en el momento de efectuarse el recuento, el funcionario de servicio observó que el interno que ocupa su celda permanece inerte en la cama, se le llamó en repetidas ocasiones pero no reaccionaba, por lo que se activó el código 5, acudiendo de inmediato el Jefe de Servicios, Grupo de intervención y los Servicios Sanitarios, pero no se pudo hacer nada más que certificar el fallecimiento del recluso. Una vez revisada la celda, siempre según lo que indica el sindicato, se le requisan hachis y pastillas. “Todo apunta a sobredosis”, añaden, si bien ninguna fuente oficial ha informado al respecto.
Acaip detalló que el reo fallecido, de nacionalidad española, tuvo otros seis ingresos en prisión, La primera entrada data del año 1987, por robos con violencia e intimidación. El pasado 16 octubre, ingresó en Botafuegos de forma voluntaria para cumplir una pena privativa de libertad de un año y seis meses, encontrándosele en el momento de la entrada, droga, indicaron desde el sindicato.
“De aquellos polvos, estos lodos”
Desde la Sección Sindical de ACAIP en Botafuegos-Algeciras recuerdan que “se informó a los ciudadanos, a través de prensa, radio y TV, las múltiples consecuencias que implica el introducir tóxicos, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en un Establecimiento penitenciario, una de las cuales y más grave que ninguna otra, es el fallecimiento del interno por sobredosis”.
El sindicato señala que en los centros penitenciarios españoles, y según datos del Ministerio del Interior, la mitad de fallecimientos se producen por causas naturales, una cuarta parte por sobredosis y la última cuarta parte por otras causas (suicidios, enfermedades graves, VIH….).
La formación sindical cree que se podría “aminorar” el problema si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solventara necesidades como “más recursos humanos, una protección jurídica adecuada, más recursos materiales, una mejor atención sanitaria, un mejor funcionamiento para atender al drogodependiente, mejor atención a la salud mental, una población reclusa adecuada…”.
