La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha anunciado que la administración andaluza ahorrará 35.172.215,80 euros a las arcas públicas al recuperar ocho inmuebles que fueron vendidos en el año 2014 en Cádiz, que son sedes de diferentes áreas del Gobierno andaluz en la provincia en los que trabajan en torno a 650 empleados públicos.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa este miércoles, en compañía de la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero, donde ha recordado que el ahorro por el alquiler de estas sedes permitirá disponer de más recursos en ámbitos como lo Social, la Educación o la Salud.
Este acuerdo supone la recompra por 328 millones de euros de 70 inmuebles en toda Andalucía que pertenecían al Gobierno andaluz y que supondrán un ahorro de más de 100 millones globales a las arcas autonómicas.
En este punto, Mercedes Colombo ha recordado que en 2014 el Gobierno de la Junta de Andalucía, con María Jesús Montero como consejera de Economía y Hacienda, "alcanzó un acuerdo para conseguir liquidez para la Junta, una alianza en virtud de la cual vendía 70 inmuebles a un fondo de inversión, edificios que, en su inmensa mayoría eran y son sedes territoriales del Gobierno andaluz en las distintas provincias, y en las que trabajan en torno a 8.600 funcionarios y empleados de la Junta de Andalucía".
"El dinero de la venta de los edificios se ingresó, se gastó y lo que quedó fue una hipoteca de por vida para la Junta de Andalucía que ahora arregla al Gobierno de Juanma Moreno", ha aseverado la delegada.
Según ha explicado, en este acuerdo de venta del año 2014 la Junta asumía la obligación de alquilar esos mismos inmuebles a un precio determinado durante un plazo de 20 años, hasta 2034, con una cláusula de un incremento de 1,5% anual. Ante esto, ha puesto de ejemplo que la administración andaluza paga "algo más de 837.000 euros anuales" por el alquiler de la sede de la Delegación del Gobierno en la capital gaditana, además de "más de 260.000 euros" por la sede de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o "casi 500.000 euros" por el edificio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
El cómputo global del alquiler de los ochos edificios en la provincia de Cádiz --seis en la capital, uno en Jerez de la Frontera y otro en Algeciras-- suma "2,9 millones de euros al año", una cantidad que se elevaría a "a algo más de 3,4 millones de euros al año al llegar 2034 por el incremento del 1,5% anual", ha advertido.
"Los cálculos nos muestran que este acuerdo va a suponer para la provincia de Cádiz un ahorro global de 35,1 millones de euros que hubiéramos tenido que seguir pagando hasta 2034 en el caso de no haber llevado a cabo esta recompra", ha resaltado.
La delegada ha defendido que este acuerdo "pone fin a las consecuencias nefastas para Andalucía y la provincia de Cádiz" por lo que ha calificado de "un contrato ruinoso que firmó María Jesús Montero en 2014 y al que ahora damos solución".
En la capital gaditana los edificios incluidos en este acuerdo, vendidos en el año 2014, son los de la Delegación del Gobierno en Cádiz, el edificio de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, el inmueble de la sede del Instituto Andaluz de la Mujer, el edificio de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, la Agencia Agapa y Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP.
Por su parte, el de Algeciras se encuentra el edificio de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, mientras que el inmueble de Jerez está el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Por su parte, la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero, ha subrayado que este es un acuerdo de Consejo de Gobierno, ya que se trata de una encomienda del presidente de la Junta de Andalucía, que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Patrimonio. En su opinión ha sido "una de las operaciones más importantes para sanear el dinero de todos los andaluces" ya que "no era de recibo que los propios inmuebles que eran propiedad de la Junta se vendieran para pagar luego un alquiler a precio de oro".
Además, ha anunciado que la Dirección General de Patrimonio está trabajando por esta encomienda con el objetivo de poner en valor aquellos edificios que son propiedad de la Junta "para evitar que se queden vacíos, cerrados u ocupados, con el fin de que sirvan para la atención a los andaluces".
