El sindicato CSIF ha valorado como "nefasto" el resultado de la comarcalización de los juzgados de violencia de género en el Campo de Gibraltar y critica la intención de hacer lo mismo con el resto de los de la provincia.
La Central Sindical considera que retirar las competencias sobre violencia de género de los juzgados mixtos de varios municipios para concentrarlos en las ciudades grandes supone un perjuicio para las víctimas, sus familiares, testigosy funcionarios.
Como prueba, recuerda que, en el caso de los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque, había tres jueces para la violencia sobre la mujer, con 24 funcionarios en total, repartidos en tres municipios, pero con la ‘comarcalización’, se redujo todo a un solo juez en Algeciras con trece funcionarios (tras incorporar tres refuerzos por la presión de este sindicato) para el mismo volumen de casos de violencia de género que soporta el Campo de Gibraltar. Se trata de una situación que empeora incluso en los meses de vacaciones o en días de permiso, pues no se sustituyen y son los jueces de Instrucción quienes se hacen cargo de dichos casos, sobrecargando de trabajo otros juzgados no especializados.
Desde CSIF se recuerda que las víctimas de violencia de género y sus familiares, han de realizar, en muchos casos desplazamientos de hasta 50 Km hasta el juzgado de Algeciras, con las dificultades económicas, detransporte y de organización familiar que supone en momentos tan complicados, con esperas de 10 y 12 horas, encerradas en una habitación. Lo mismo ocurre con los testigos, que a veces abandonan por los mismos perjuicios de tener que desplazarse a Algeciras o soportar tantas horas de espera.
Y en cuanto a los trabajadores de los juzgados, la situación no es mejor. Tal y como expone el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, los funcionarios realizan jornadas indefinidas sinninguna regulación, sin contraprestación alguna e impidiendo la conciliación de la vida familiar. Todo esto provoca estrés, cansancio, insomnio, episodios deansiedad que requieren atención sanitaria, etcétera entre los funcionarios, por lo que si se dan de baja médica, la falta de personal se acrecienta, agravando, en definitiva, la situación de la administración de Justicia.
