El Ministerio del Interior ha decidido prorrogar hasta 2025 la ejecución del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que dispondrá durante el próximo año de una dotación económica de 36,9 millones de euros a invertir en el refuerzo de plantillas y la dotación de medios que esta estrategia operativa implica para Policía Nacional y Guardia Civil en las seis provincias andaluzas en las que se despliega.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska diseñó el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en julio de 2018 para atajar el notable y progresivo deterioro de la seguridad ciudadana detectado entonces en la comarca como consecuencia de la actuación de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando y el narcotráfico. Dados sus buenos resultados, el plan fue prorrogado en 2020 y ampliado al conjunto de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, y de nuevo en 2022, extendido también a las provincias de Almería, Granada y Sevilla.
Ante el próximo vencimiento del plan el próximo 31 de diciembre, los expertos del ministerio concluyen que la ejecución del plan ha dado resultados “muy positivos” en las desarticulaciones de grupos de crimen organizado y de las cantidades de droga aprehendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros factores, por lo que el ministerio ha optado por prorrogar su vigencia dos años más.
Desde julio de 2018 y hasta el pasado 31 de agosto (última estadística disponible), el despliegue policial diseñado en el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar la permitido la detención/investigación de 17.635 sospechosos de actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, en su mayoría gracias a las 19.063 operaciones desatadas por las Fuerzas de Seguridad (de las que 15.446 ya están judicializadas), que han permitido la incautación de 1.387.832 kilogramos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana y otras sustancias.
Las líneas estratégicas de este IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 en las seis provincias andaluzas en las que ya opera, están recogidas en la instrucción que este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha remitido a los directores generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La instrucción del secretario de Estado insiste en las líneas de acción estratégicas de carácter operativo, de refuerzo de medios humanos, de dotación de medios materiales y tecnológicos y medidas de coordinación de todos los operadores policiales y jurídicos que han marcado los tres planes anteriores, pero adaptadas a los nuevos desafíos y a las lecciones aprendidas en la lucha contra este complejo fenómeno.
36,9 millones de dotación
En materia de recursos humanos, la instrucción fija como objetivo del IV Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar que las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el territorio de despliegue consigan una ocupación efectiva del cien por cien del catálogo de puestos de trabajo. En la actualidad, esa ocupación supera el 90 por ciento, después de haber crecido en torno a un 20 por ciento desde 2018.
Ese objetivo es independiente del refuerzo constante que reciben ambos cuerpos mediante el desplazamiento, mediante adscripciones temporales o comisiones de servicio, de efectivos de las unidades de intervención y respuesta, así como de especialistas en la investigación policial de la delincuencia organizada.
Las medidas de cobertura de plantillas y de refuerzo operativo incluidas en el IV Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar cuentan con un presupuesto de 17,5 millones de euros para 2024, y que se ampliará en 2025 según las necesidades operativas..
Junto al refuerzo de efectivos, el plan incluye una serie de medidas para aumentar la inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial, que cuentan con un presupuesto de 19,4 millones de euros para el año 2024, ampliables en 2025.
Además, la instrucción del secretario de Estado apuesta por potenciar, actualizar y especializar la formación de los funcionarios policiales adscritos a las unidades de investigación e inteligencia implicadas en el plan para afrontar mejor los nuevos modus operandi y técnicas empleadas por los grupos dedicados al narcotráfico y el contrabando en el territorio de despliegue del plan especial.
Por último, este IV Plan Especial mantiene el acento que ya puso el primero en la necesidad de mejorar la colaboración ciudadana y conseguir una total imbricación de las estructuras y servicios policiales especializados con las organizaciones y entidades locales que representan a los sectores y colectivos afectados por el fenómeno del narcotráfico.
El plan pretende con ello incrementar la confianza social en las Fuerzas de Seguridad y favorecer un intercambio fluido de información que mejore el conocimiento policial sobre posibles nuevos fenómenos derivados de la criminalidad que afecten a la seguridad ciudadana y el bienestar social para ajustar la respuesta preventiva y operativa de las unidades policiales a la realidad social.
