La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (FAVA) ha presentado alegaciones contra la subida de impuestos aprobada por el Ayuntamiento el pasado Pleno. En las alegaciones, la Federación ha solicitado la nulidad del acuerdo por la que se aprueban las modificaciones de la ordenanzas fiscales que contemplan unas importantes subidas de impuestos, en base a que se han omitido diversos trámites en el expediente y a la falta de informes técnicos que avalen la necesidad de estas subidas. Concretamente, la federación alega que el ayuntamiento no ha realizado ninguna consulta pública con los ciudadanos y las asociaciones más representativas como estipula la ley. Desde la Federación, también manifiestan, que no hay ningún informe económico que justifique la subida de impuestos, ni tampoco se han definido los objetivos que se pretenden conseguir con esta subida tal y como estipula la normativa vigente.
El nuevo presidente de la federación, Francisco Soler, ha calificado la subida de impuestos como "un nuevo ataque a la economía de los vecinos de Algeciras". En este sentido, recuerda a todos los ciudadanos que en los últimos años y siempre según palabras del propio alcalde, el ayuntamiento ha manifestado que tenía remantes de tesorería positivos y ha presentado liquidaciones de presupuesto con superavit económico, por lo que no se entiende esta brutal subida de impuestos, a menos que la situación no sea la que se ha querido dar a entender por parte del consistorio.
Soler ha recordado que el Ayuntamiento de Algeciras "está en el límite permitido por la ley en cuanto al número de tenientes de alcalde y cargos de confianza, los cuales han sufrido un gran incremento en los últimos años". "Esto supone un coste económico importante que podría destinarse a otros fines, como la reducción de impuestos", ha señalado.
Además, Soler ha criticado la gestión económica del Ayuntamiento, que ha calificado de "nefasta" y ha querido recalcar el encarecimiento que los servicios públicos han experimentado en los últimos años, llegando su precio a duplicarse en algunos casos. En este sentido, Soler ha denunciado que este encarecimiento "no se traduce en una mejora de los servicios públicos. Al contrario, los servicios públicos están más abandonados que nunca", afirmando que “no podemos pagar impuestos europeos y tener servicios africanos”.
“Un ejemplo claro lo tenemos en la subida del impuesto de vehículos de tracción mecánica al máximo permitido por la ley, pagamos lo máximo que se puede pagar en nuestro país” afirma Soler.
El nuevo presidente de la F.A.V.A. ha querido poner de manifiesto que “se supone que este impuesto es para pagar el mantenimiento de las vías públicas y raro es no encontrarte una vía en mal estado en nuestra ciudad, la gran mayoría están llenas de baches y boquetes”.
Por otra parte soler ha querido denunciar públicamente que "Hemos pagado en cuestión de indemnizaciones al grupo Ruiz, antigua CTM, casi 8 M€ , mientras tenemos menos líneas de autobuses y nuestros medios de transporte están más abandonados que nunca, haciendo también hincapié en “la inexistencias de marquesinas en la mayoría de las paradas de autobuses de nuestras barriadas". Así, ha querido recalcar que “la gestión municipal en la recuperación del transporte público ha sido desastrosa, desastre que ahora tendremos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos”.
También, Soler ha querido hacer referencia a que "El Tribunal de Cuentas ha alertado de que no se esta cumpliendo el plan de ajuste y que la situación económica del ayuntamiento esta empeorando, a pesar de la gran cantidad de préstamos que se han pedido en los últimos años”. “Un ayuntamiento en quiebra y una deuda con los bancos cercana a los 300 millones de €, esa es la herencia que nos va a dejar el Sr. Landaluce a los ciudadanos de Algeciras” ha denunciado el presidente de la F.A.V.A.
Por último desde la F.A.V.A. han querido expresar la indignación de los vecinos con esta subida de impuestos y exigen al ayuntamiento que reconsideren esta medida y que opten por otras opciones para solucionar los problemas económicos ocasionados por su nefasta gestión, como reducir cargos de confianza o el número de tenientes de alcaldes, así como abaratar servicios públicos y que no se les repercutan a los ciudadanos cargas injustas e injustificadas.
