La Junta de Comarca de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, reunida en sesión telemática, ha aprobado de forma definitiva las modificaciones de las ordenanzas reguladoras de la PPCPNT del servicio mancomunado de depósito, tratamiento y eliminación de residuos y la correspondiente al precio público por la prestación voluntaria del servicio mancomunado de tratamiento y eliminación en el Campo de Gibraltar.
Dichas modificaciones quedan aprobadas ante la desestimación de las tres alegaciones presentadas por la portavoz del grupo comarcal socialista en la Mancomunidad y por el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, relativas a la aplicación del impuesto por la Ley 7/2022, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023 y que obliga ineludiblemente a su liquidación y abono, trasladándose dicho coste a la tarifa que deben abonar los ciudadanos por el servicio.
El impuesto tiene como finalidad el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente y la educación ambiental, al objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero, y entró en vigor con la aprobación de la Ley 7/22 por el Gobierno de España. La aprobación de este impuesto debería haberse producido en el mes de enero de 2023, durante la etapa de gobierno presidida por el partido socialista, no obstante fue retrasada hasta la constitución de la nueva corporación comarcal, que lo aprobó en el mes de octubre.
La presidenta Pérez Custodio mostró “su sorpresa ante la actitud del grupo socialista al oponerse a la aplicación de un impuesto que ha sido promovido por el gobierno que preside su propio partido político, al ser una actitud que refleja una demagogia infinita”. Pérez Custodio señaló que “a ningún grupo político le gusta aprobar la aplicación de impuestos a los ciudadanos, pero estamos ante un caso de imperativo legal”. La presidenta indicó que “resulta alucinante que los grupos políticos que no han fomentado, ni aprobado este impuesto tengan que votar a favor por la irresponsabilidad del grupo comarcal socialista, que ejercen la pura demagogia a sabiendas que el actual gobierno de la Mancomunidad iba a ejercer su responsabilidad”. Finalmente, la máxima responsable política de la institución comarcal planteó qué ocurriría si alguien preguntara en el Congreso de los Diputados al secretario provincial del PSOE en Cádiz sobre el voto negativo emitido a la aplicación de la ley impulsada por los socialistas.
