La Junta de Andalucía plantea la recuperación de tomas de agua en el puerto de Algeciras, de cara a la futura llegada de barcos con agua potable si fuera necesario; así como sondeos en el canal o tomas flotantes en el embalse de Guadarranque, todo dentro del cuarto decreto de sequía.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el próximo 29 de enero se aprobará el cuarto decreto de sequía con una inversión de 200 millones de euros, de los cuales más de 50 irán destinados a ayudas directas al sector agroalimentario, y que incluye la puesta en marcha de obras con carácter inmediato en las zonas con una situación más extrema, el refuerzo de las desaladoras con ampliaciones de éstas o con infraestructuras portátiles, o trabajos de recuperación en puertos y presas para el aprovechamiento de agua, entre las medidas previstas más destacadas.
Moreno, que ha presidido en el Palacio de San Telmo una nueva reunión del Comité de Expertos frente a la sequía, ha recordado que este nuevo decreto se suma a los otros tres ya puestos en marcha, con más de 300 millones, de los cuales los dos primeros superan ya el 85 por ciento de ejecución, y que ya han ayudado a aprovechar 252 hm3 más en Andalucía, tanto para población como para los sectores agrícola e industrial. “Este trabajo de previsión nos ha permitido que en muchas zonas de Andalucía se pueda regar, y en otras muchas también incluso consumir”, ha destacado el presidente.
Hay que recordar que el Campo de Gibraltar -excepto Tarifa, que obtiene agua a través del embalse de Almodóvar y no del de Charco Redondo, a diferencia de otros municipios de la comarca- está aplicando ya restricciones ordenadas por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar al consumo de agua que incluyen disminución de la presión durante el día de tipo leve y una drástica disminución del caudal entre las 23.00 y las 6.00 horas, que en zonas elevadas sin depósito propio supone un corte efectivo en el suministro de agua potable. A ello se añaden prohibiciones que van desde el riego de carácter público y jardines privados al baldeo de calles, pasando por llenado de piscinas o lavado de coches en establecimientos no autorizados, normas cuyo incumplimiento llevará aparejada la aplicación de sanciones.
