La Mesa de Trabajo por La Línea ha entregado este lunes por Registro de Entrada en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz 3.300 firmas en defensa de las plazas públicas de residencias de ancianos de La Línea.

Su portavoz, Juan Antonio Álvarez, se ha desplazado a Cádiz acompañado por varios de sus representantes y ha registrado la documentación con las más de 3.300 firmas que, principalmente, reclaman la reapertura de la residencia pública de mayores, que anteriormente era la Gómez Ulla, en las nuevas instalaciones de Santa Margarita.

La Mesa insiste en una gestión pública y directa de este servicio esencial, más aún en una ciudad que se caracteriza por su elevado número de pensionistas con escasos recursos como consecuencia, entre otras razones, de jubilarse en Gibraltar.

En respuesta a las preguntas de VIVA CAMPO DE GIBRALTAR, Juan Antonio Álvarez recuerda que no solo están reclamando la apertura de la residencia de Santa Margarita, sino también el mantenimiento de su gestión pública, para que se recuperen las 120 plazas que había cuando se tuvo que cerrar la de Gçomez Ulla. "Es lo que se nos prometió en 2017", recurerda.

El también portavoz de la Flavi moanifiesta la preocupación de los integrantes de la Mesa, conformada por representantes de partidos políticos, asociaciones vecinales y otros representantes del tejido socioeconómico de la ciudad, tras la reciente reunión mantenida con la diputada provincial y representantes del ente provincial, en la que, si bien se les garantizaba una subvención con fondos eurpèos de 1,2 millones de euros para la finalización de la residencia de SDanta Margarita destinadas a equipamiento y otros remates pendientes, "nos dicen que ewstán estudiando que tanto esta residencia como las otras dos de Diputación sigan siendo pùblicas pero sin una gestión pública", o lo que es lo mismo, la misma fórmula que para la residencia de Tiempo Libre El Burgo, que en la práctica supone una privatización del servicio y la presumible pérdida del carácter público de las pl,azas en un municipio con las pensiones muy mermadas por la falta de derechos sociales de los trabajadores que durante años han estado ejerciendo en Gibraltar.

Juan Antonio Álvarez confiesa estar harto de "mentiras y medias verdades" por parte del ente provincial, y se reitera en que se les prometió en 2017, cuando se cerró la residencia de Gómez Ulla, el mantenimiento de la oferta pública de plazas en la residencia. Con esto, sin embargo, "se nos sitúa en la incertidumbre de que cuando pasen unos meses no sea de gestión pública". Desde la Mesa se muestran convencidos de que esa gestión ha de mantenerse como pública.

Álvarez recuerda que en su día se les vendió que la única solución en el caso de la residencia de Gómez Ulla era la demolición y que, sin embargo, "ahora resulta que se le concede una subvención de 3,2 millones de euros para su reconstrucción con una gestión privada", en este caso por parte del colectivo Asansull.

La Mesa de Trabajo por La Línea aprovecha para recordar su reivindicación de un plan específico para La Línea por su carácter singular y los problemas que sufre desde hace décadas por su condición de ciudad fronteriza con Gibraltar.