El concejal del Grupo Municipal VOX en Algeciras, Antonio Gallardo, ha expresado su preocupación y críticas hacia la gestión económica del Ayuntamiento tras el Pleno celebrado el pasado lunes. Gallardo señaló a la responsable de la política económica de Algeciras, María Solanes, así como al alcalde, José IgnacioLandaluce, a quienes acusa de mantener a los ciudadanos “en una constante falta de información veraz sobre el presente y el futuro económico de la ciudad”.
El edil recuerda que “el Ayuntamiento está intervenido por el Ministerio de Hacienda debido a la desastrosa situación económica que afronta, con una deuda superior a los 300 millones de euros y que sigue creciendo,a pesar de los esfuerzos de Solanes por minimizar la situación, vendiendo a la opinión pública que no pasa nada, que todo está controlado y responsabilizando los que gobernaban hace más de doce años”. Del mismo modo, Gallardo afirma que “la deuda sigue siendo un problema no resuelto”, y critica la “incapacidad” del equipo de Gobierno para reconducirla con recursos propios.
Por otra parte, Gallardo señala que “han aumentado los impuestos sin revelar el límite, a pesar de asegurar que no habrá subidas significativas, al igual que la dependencia de fondos europeos y de otras administraciones para financiar proyectos, cuestionando “la falta de transparencia al no presentar las cuentas y presupuestos hasta la fecha”.
Ante esto, el edil de VOX espera que, al revelarse los datos, se puedan identificar partidas presupuestarias no ejecutadas y fondos devueltos desde fuera de la ciudad, censurando la demora en el pago a proveedores, que asciende a 135 días en lugar de los 30 exigidos por Ley, y la aprobación de facturas importantes por la Comisión de Hacienda, afectando a los servicios públicos básicos.
Por último, el concejal acusa a Solanes de “hipocresía” al afirmar que el equipo de Gobierno se preocupa por las familias algecireñas, ignorando el Reglamento de Participación Ciudadana vigente. También destaca Gallardo la indiferencia hacia las cerca de 12.000 firmas de vecinos que rechazan la gestión económica, incluida la subida de impuestos, recogidas en pocas semanas por asociaciones vecinales, considerándolo un menosprecio hacia los ciudadanos a quienes se supone que el Gobierno sirve”.
