Dos semanas han transcurrido ya desde los trágicos sucesos de Barbate que dieron como resultado la muerte de dos guardias civiles, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, este último residente en Algeciras, y nada ha cambiado. Ni en los efectivos y medios con los que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni en la violencia e hiperactividad de los perpetradores del crimen organizado. Así lo ha asegurado el secretario de Acción Asociativa de la asociación profesional de guardias civiles AUGC, Toni Rodríguez, durante la entrevista que le ha realizado la periodista Ana Huguet en el programa ‘Siente Cádiz’ este jueves.

“¿Qué ha cambiado? Por desgracia, muy poco. No ha habido ningún refuerzo”, remarca Rodríguez, aunque matiza que ha habido algunos cambios en lo que se refiere a procedimientos: “En estas últimas dos semanas, las cinco personas que se han detenido en narcolanchas han ido a prisión, cuando normalmente si iban vacías no acababan en la cárcel”, comenta.

En este breve periodo, se han seguido sucediendo operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo, ha seguido habiendo embestidas, como la de Puente Mayorga, la misma semana del suceso y por asunto de contrabando, se ha dado la aparición de una persona en Sanlúcar que había sido secuestrada, con mutilaciones y herida de bala en el abdomen en un más que posible ajuste de cuentas.Todo ello, insiste el de AUGC, “con los mismos medios”.

En concreto, sobre lo de Sanlúcar, Rodríguez valora que ha sido un “ajuste de cuentas” propio de “los cárteles de la droga en Colombia”. Ante esto, espera que “esto no se convierta también en un narcoestado”.
SI bien no ha habido refuerzos, sí que se ha anunciado, por un lado, que el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz quiere hacer una reestructuración que incluye una petición de más medios operativos (personales y materiales). También el ministro Marlaska, mientras le acorralaban el miércoles en dos frentes (Congreso y Senado) avanzaba un refuerzo de hasta 11 embarcaciones en la zona de influencia del Plan Campo de Gibraltar, que se aplica en seis de las ocho provincias andaluzas y va ya por su cuarta edición tras una inversión acumulada de 120 millones de euros.

“Entendemos que once embarcaciones no serían suficientes”, sentencia el de AUGC. “Se ha llegado a tener conocimiento en Coria, y otros puntos del Guadalquivir, de acumulaciones de doce o trece embarcaciones a la vez para su quehacer diario”. A la pregunta de si se puede cuantificar cuántas embarcaciones hacen falta, reconoce que es complicado, aunque pide que, al menos, estén operativas todas las que se tienen. No en vano, recuerda que la noche de la tragedia todas las patrulleras estaban inoperativas. A nivel de personal, insiste en que los catálogos están “obsoletos” y que hace falta incrementar, al menos, en un 20% las plantillas en la provincia de Cádiz en unidades como Seguridad Ciudadana, Servicio Marítimo o Policía Judicial.

Con respecto a la “disolución” –según Marlaska no ha sido un desmantelamiento- del OCON-SUR, no entra a desmentir estadísticas cuando Marlaska dice que con el reparto de sus agentes por la Policía Judicial de los puestos de la Guardia Civil de Cádiz ha habido más incautaciones, pero recuerda que, teniendo en cuenta que pillan el 10% de la droga que entra, lo único que este dato demuestra es precisamente que entra más droga, algo que se había atajado en parte con aquella unidad de élite creada en 2020 con 150 agentes especializados que ahora no se dedican solo, lamenta, al narcotráfico.

En cuanto a las declaraciones del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, asegurando que no se habían cometido errores aquella noche, admite que AUGC discrepa bastante de ese punto de vista. “No teníamos la embarcación adecuada para que los compañeros entraran a hacer su labor”, al tiempo que revela que “hubo gente que advirtió ya de la peligrosidad y de que no era factible acudir allí para quitar las narcolanchas del puerto de Barbate”, pero que como cuerpo militar que es la Guardia Civil se deben a “una cadena de mando”. Entiende, en cualquier caso, que a la hora de buscar culpables, estos son los narcos que los mataron, pero que existen responsabilidades en los mandos que dieron la orden. Y sobre Marlaska, insiste en que debe dimitir porque prometió cosas que no se cumplieron: “No está capacitado para el cargo”, sentencia.

Para el representante de los guardias civiles, la creciente violencia de los narcos reside en un cambio en la “propiedad” de la droga y en una mayor percepción de pérdidas al serles intervenida la mercancía. Como prueba, el cartel de “no pares” encontrado en una narcolancha intervenida recientemente.

AUGC no pierde la esperanza de que se declare a toda la provincia zona de especial singularidad, lo que implicaría no solo más medios para luchar contra el narcotráfico, sino también incentivos para afianzar las plantillas, no únicamente de seguridad, sino de otros funcionariados como los de Educación o Sanidad, sin olvidar la necesidad de endurecimiento de penas por narcotráfico y agresiones, refuerzo judicial, etc.