Mancomunidad vuelve a informar sobre el obligado cumplimiento de la nueva Ley de Residuos y la repercusión del impuesto de vertido en los recibos de los clientes

Decisiones políticas y electoralistas de la anterior presidencia de la Mancomunidad determinaron el retraso en la entrada en vigor del citado impuesto, cuyas consecuencias se han reflejado en el último recibo del 2023

Ante la diversidad de opiniones y comentarios que han surgido durante los últimos días relacionados con la subida del recibo de la basura en la comarca, la Mancomunidad vuelve a poner de manifiesto que la diferencia económica que los clientes ven reflejadas en sus liquidaciones viene determinada por la obligada aplicación de la Ley 7/2022 del Gobierno de España, que impone un impuesto, de carácter estatal, al vertido de residuos. 

Por tanto, la aprobación de las nuevas tarifas por parte de la Mancomunidad es una decisión obligada e inevitable al tener que dar cumplimiento a lo dispuesto en la nueva Ley de residuos, siendo responsabilidad de las empresas gestoras de residuos la liquidación del citado impuesto aprobado por el Gobierno de la Nación.

La aplicación de dicho impuesto supone una cuantía económica de 40 euros por tonelada de residuos municipales depositados en vertedero.  La incidencia del impuesto para el ciudadano, al percutirse en cada una de las liquidaciones realizadas a los clientes (recibos de la basura), representa un incremento de costes en el concepto de tratamiento de 25,25 € al año por vivienda.

El impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2023 y, por decisiones adoptadas durante la anterior presidencia de la Mancomunidad, no fue repercutido en las liquidaciones a los clientes. No obstante, la empresa pública tuvo que hacer frente al mismo a espera de la modificación de las tarifas.

La obligada modificación de las tarifas se llevó a cabo en octubre de 2023, en el actual mandato político bajo la presidencia de Pérez Custodio, de forma que el incremento anual del 2023 ha tenido que repercutirse íntegramente en el recibo del cuarto trimestre, evitando mayores demoras en el cumplimiento de un imperativo legal. Debido a esto, la liquidación (recibo) del cuarto trimestre de 2023, respecto al tercero del 2023, ha pasado de 41,77 € (IVA excluido) a 67,02 € (IVA excluido) en el tipo de vivienda más habitual (vivienda sin jardín).

En los sucesivos recibos a partir de 2024, este incremento anual (motivado por el impuesto aprobado por el Gobierno de España) será prorrateado trimestralmente, de manera que el recibo trimestral se estabilizará en 48,57 € (IVA excluido).

Desde esta Institución comarcal, queremos volver a incidir en la ineludible e inevitable obligación adquirida, como gestor de los residuos en la comarca, de aplicar las actuales tarifas y dar cumplimiento a lo dispuesto en la nueva ley de residuos y, por tanto, cualquier correlación que se busque entre la aplicación de la ley y obligatoria subida de tasas con un objetivo recaudatorio de la Mancomunidad es falsa y tendenciosa”.

Apoyo desde La Línea

Por su parte, el Ayuntamiento de La Línea se ha hecho eco de la información publicada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar sobre la repercusión del Impuesto de Vertidos en los recibos de basura y el obligado cumplimiento de la nueva Ley de Residuos.

Desde el consistorio linense puntualizan que "se vuelve a poner de manifiesto que la diferencia económica que los clientes ven reflejada en sus liquidaciones viene determinada por la aplicación de la Ley 7/2022 del Gobierno de la Nación, que impone un impuesto de carácter estatal de vertido de residuos. Por ello, subraya que la aprobación de las nuevas tarifas es una decisión obligada e inevitable, respondiendo de esta forma a los comentarios “falsos y tendenciosos” sobre el afán recaudatorio de Mancomunidad".

En la nota se especifica como la aplicación de dicho impuesto supone una cuantía de 40 euros por tonelada de residuos municipales depositados en el vertedero, con una incidencia para los usuarios que representa un incremento de coste en el concepto de tratamiento de 25,25 euros por vivienda.

Recuerda que el impuesto entró en vigor en 2023 y que por decisiones adoptadas por la anterior presidencia del ente comarcal, no fue repercutido en las liquidaciones de los clientes, pese a que la empresa pública tuvo que hacer frente al mismo a la espera de la modificación de la tarifa.

Esta modificación se llevó a cabo en octubre de 2023, por lo que el incremento anual de este ejercicio ha tenido que repercutirse íntegramente en el cuarto trimestre, pasando de 41,77 euros (Iva excluido) a 67,02 euros en el tipo de vivienda más habitual.

Desde Mancomunidad se  subraya que en sucesivos recibos, a partir de 2024, este incremento anual será prorrateado trimestralmente, de manera que el recibo se estabilizará en 48,57 euros por trimestre.