Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación policial en la que han sido detenidas tres personas por los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental. La investigación policial comenzó en enero de 2024 cuando los investigadores tuvieron conocimiento del elevado número de personas empadronadas recientemente en un domicilio de Algeciras, en el que según fuentes catastrales solo disponía de 39 m².

En concreto se tuvo conocimiento de que en dicha vivienda estaban empadronadas un total de nueve personas, de las cuales, siete eran extranjeras, algunas en situación irregular o en período de estancia en España y sin vínculo alguno con la ciudad de Algeciras.

Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo conocer que esos siete empadronamientos no tenían reflejo alguno con la realidad y por tanto, eran ficticios, habiéndose realizado esas altas en el padrón municipal a cambio de entre 300 y 500 euros. De esta forma, estos extranjeros demostraban los distintos requisitos establecidos en la legislación de extranjería para facilitar el cruce de fronteras exteriores, poder recibir asistencia médica de la sanidad pública en España y en un futuro, poder demostrar el tiempo mínimo de permanencia  y así solicitar un permiso de residencia.

Tras las distintas pesquisas se pudieron identificar a tres personas implicadas en estos empadronamientos fraudulentos, los cuales fueron detenidos por su participación en los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, siendo estos, el dueño del inmueble que facilitaba su inscripción, la persona que les acompañaba a recibir los distintos trámites y el dueño de un locutorio ubicado en el centro de Algeciras que hacía de intermediario entre los solicitantes y lo anteriores.

La Policía Nacional tiene conocimiento de que la práctica de este tipo de actuaciones es habitual entre personas en situación irregular, utilizándose para regularizar fraudulentamente a personas en situación irregular que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería, siendo esto aprovechado por personas para obtener ingresos derivados del empadronamiento ficticio de extranjeros que desconocen la legislación española y de quienes se aprovechan de su situación de necesidad. Es por ello de la existencia de planes por parte de los grupos de investigación de la Policía Nacional para prevenir estas acciones, las cuales pueden dar lugar a infracciones a la Ley de Extranjería, siendo la sanción de entre 501 y 10.000 euros por cada persona ficticiamente empadronada. En los casos más graves puede dar lugar a su detención por delitos tipificados en el Código Penal con penas de prisión hasta los tres años.