Los tres partidos judiciales del Campo de Gibraltar registraron el pasado año 130 lanzamientos de inmuebles como consecuencia de desahucios, tanto de propietarios como de arrendatarios en régimen de alquiler. Ello supone un descenso a la mitad con respecto a los 262 que tuvieron lugar el año anterior, en 2022, cuando se produjeron 262 lanzamientos.
En concreto, en Algeciras es donde más se ha acentuado este descenso, con 72 desahucios consumados frente a los 184 lanzamientos del año anterior. También en San Roque se ha producido un descenso importante, de los 51 de 2022 a los 23 registrados al año siguiente. Rompe esta tendencia La Línea, donde paradójicamente han crecido los lancamientos (35 en 2023 frente a los 27 del año anterior).
Este progresivo descenso en el número de ejecuciones no es un fenómeno nuevo, sino que se viene registrando en la última década, y más recientemente como consecuencia de las medidas y decretos que, desde 2020, con la pandemia del coronavirus, viene aplicando el Gobierno Central en defensa de moradores de viviendas en situación de vulnerabilidad.
Lo cierto es que, si comparamos la cifra de lanzamientos (desahucios consumados) de 2023 con la de 2013, nos damos cuenta de que se ha pasado, por ejemplo, en el término judicial de Algeciras, de 272 lanzamientos practicados a 72, lo que supone un espectacular descenso en esa década del 73%. En La Línea, se ha pasado de 88 desahucios consumados en 2014 a 35 en 2023, un descenso algo más modesto, pero igualmente llamativo, del 60%. Por su parte, San Roque vio descender su número de lanzamientos desde los 110 de 2014 hasta los 23 de 2023, una brutal bajada del 79%.
Menos ejecuciones hipotecarias
Si observamos la evolución en toda una década de las cifras de lanzamientos atendiendo al tipo de ejecuciones de que se trata (si han venido por un procedimiento de ejecución hipotecaria o por la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, observamos también un cambio de tendencia notorio. En 2014, de los 274 lanzamientos practicados en Algeciras, la mayoría (156) fueron como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, y 111 por el régimen de alquiler. Sin embargo, en 2023, de los 72 desahucios ejecutados, solo 8 se han dado por ejecuciones hipotecarias, siendo inmensa mayoría (61) los que han partido de una situación de alquiler y tres más en otros sujpuestos. Lo mismo observamos en La Línea, donde de 35 lanzamientos, solo 10 fueron por ejecución hipotecaria. En San Roque, más de lo mismo: 23 lanzamientos, cinco de ellos por hipotecas.
Andalucía, a la cabeza de ejecuciones hipotecarias
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2023 fue de 4.551, un 19,7% menos que las iniciadas en 2022. En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias, seguido por Cataluña (3.457), la Comunidad Valenciana (3.100); Madrid (2.036), y Castilla-La Mancha (962).
Respecto a los lanzamientos, en 2023 se practicaron fue de 4.449, un 33,8 por ciento menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Un 66,5 por ciento de los lanzamientos, 2.961, ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.135 –el 25,5%- se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 353 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 34,3 por ciento respecto a 2022, y los derivados de ejecuciones hipotecarias del 35 por ciento. Cataluña, con 7.148 (el 26,8 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía (4.449); la Comunidad Valenciana (3.869) y Madrid (2.367).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.158; le siguen Andalucía, con 2.961; la Comunidad Valenciana, con 2.673; y la Comunidad de Madrid, con 2.029. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña (1.264); Andalucía (1.135); Comunidad Valenciana (1.049) y Murcia (315).
