El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha registrado un escrito en el Ayuntamiento que recoge varias alegaciones a la subida del recibo del agua, una “subida abusiva” que afecta tanto al abastecimiento como al saneamiento, y que se sitúa por encima del IPC acumulado correspondiente al año 2023.
Así lo ha confirmado la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en la Corporación municipal, Rocío Arrabal, recordando que se trata de “una subida más del impuestazo Landaluce”, el plan que el alcalde y senador del PP ocultó durante la pasada campaña electoral para que no le pasara factura en las urnas.
Un plan que, según recuerda la dirigente socialista, el gobierno local de Landaluce “no ha hecho más que comenzar a poner en práctica”, y que “pretende seguir subiendo progresivamente en los próximos años impuestos, tasas y precios públicos, metiendo la mano en el bolsillo a los vecinos y vecinas de Algeciras para poder hacer frente a la deuda de casi 300 millones que han ido generando, a su despilfarro, a sus caprichos, y al millón de euros anual que nos cuestan sus cargos de supuesta confianza”.
Y todo ello, mientras la ciudad se encuentra cada vez más abandonada en sus necesidades más básicas, como la limpieza o la movilidad, las instalaciones municipales acumulan deterioro y los servicios públicos no se prestan en condiciones, tal y como han puesto de manifiesto las últimas lluvias. “Es verdad que ha llovido mucho, pero también es verdad que los husillos y las arquetas siguen sin limpiar, y que eso ha provocado que se inundaran varias zonas, y que hayamos visto el parque María Cristina convertido en una laguna como nunca antes en la historia, a pesar de una obra reciente que costó una millonada”, ha advertido Arrabal.
A estas incidencias se unen otras como las goteras en instalaciones municipales, como el pabellón Ciudad de Algeciras, los ascensores sin funcionar en la biblioteca y otras dependencias, los parques de las barriadas sin poda ni limpieza, las obras de asfaltado y acerado que se alargan en el tiempo y no se terminan como deberían, y un largo etcétera, ante la “indolencia” de un alcalde “más preocupado por ver cómo nos puede seguir subiendo los impuestos que por la precariedad de los servicios en la ciudad que dice gobernar”.
Un Consejo de Administración “nulo de pleno Derecho”
En lo que respecta al contenido de las alegaciones, la primera de ella advierte de que tanto el Consejo de Administración de Emalgesa del pasado 14 de febrero de 2024 como los acuerdos adoptados en el mismo son “nulos de pleno Derecho”, al incumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de tiempo para la convocatoria y existir, por tanto, una indefensión y vulneración de los derechos de los consejeros.
En la segunda de las alegaciones se advierte también sobre el hecho de que el expediente no incluya la memoria económica a la que hacen referencia el informe del Director de tributos de fecha 24/11/2023 y el del Secretario General de fecha 05/02/2024, y que, por tanto, “no existen datos cualificados y suficientemente motivados” para evaluar la incidencia que la modificación fiscal supone sobre las tarifas que se acuerda modificar, así como los criterios económicos que sustentan dichos incrementos.
A este respecto, en el escrito registrado esta semana se recuerda también que el artículo 25 del RDleg. 2/2004 5 de marzo Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala “imprescindible” la existencia por parte de la Intervención de un informe técnico-económico o Memoria Económica financiera para establecer el impacto económico de una modificación de esta naturaleza. Para el Grupo Municipal Socialista de Algeciras resulta evidente que “la ausencia o insuficiencia de este tipo de documentación que, reiteradamente se solicita por los distintos informes técnicos, da lugar a la nulidad del acuerdo de aprobación inicial del expediente de Modificación de las Ordenanzas”.
En lo que respecta al aumento del IPC, en otra de las alegaciones se incide en que el porcentaje previsto en los expedientes, del 5,7% (de octubre de 2021 hasta mayo de 2022), es “un porcentaje que no corresponde establecerse”, ya que los informes técnicos indican que “las tarifas se subirán con arreglo al IPC del periodo Diciembre de un año a Diciembre del siguiente año.” Por tanto, el porcentaje aplicable a 2023 sería del 3,1%, por lo que en el escrito se solicita la “anulación del acuerdo, en tanto no se incorpore el informe de Intervención que justifique económica y jurídico que acredite el IPC establecido para el aumento de las tarifas”.
La última de las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista tienen que ver con la inexistencia de “ningún informe económico financiero sobre la necesidad y eficacia, así como la proporcionalidad, de la medida que impone el aumento de las obligaciones tributarias”, dado que, según el artículo 129 de la Ley 39/2015, que regula el funcionamiento de las Administraciones Públicas, dichos principios “deben quedar justificados”.El P
