El Ayuntamiento de San Roque ha presentado este miércoles alegaciones contra el proyecto de un fondeadero de buques en la costa del Valle del Guadiaro. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que en ellas “se recogen las demandas, inquietudes e incertidumbres” de empresarios y vecinos del municipio ante una iniciativa que entraña riesgos medioambientales y también pone en peligro la “excelencia turística” que define a Sotogrande.

Este miércoles, 17 de abril, finalizaba el plazo de presentación de alegaciones al proyecto de un fondeadero de buques en la costa mediterránea sanroqueña que promueve la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA). Tras varios encuentros con colectivos, empresarios y vecinos de la zona, el Ayuntamiento ha formalizado sus alegaciones ante la Dirección General de Marina Mercante, que se basan en criterios medioambientales y en la preservación de la riqueza turística de la zona.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha señalado que, con este proyecto, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, “cuida el sector portuario, pero invade el futuro y las relaciones económicas, comerciales y la creación de empleo del sector turístico-deportivo”. Ruiz Boix apuntó que en San Roque se ha conseguido durante 50 años algo que parecía “imposible”: que conviviera la industria situada en el Arco de la Bahía con el Centro de Interés Turístico Nacional de Sotogrande.

Para el alcalde, la población de las barriadas de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento “han visto complicadas sus perspectivas de futuro por la presencia industrial”, algo que no quiere que se repita en un Valle del Guadiaro, que vive del turismo.

Recordó el primer edil que en los años 2016 y 2017, la APBA ya intentó la aprobación de este proyecto, a lo que se opuso también junto a toda la Corporación, colectivos sociales, empresas y vecinos del municipio. Considera que si bien “sobre el papel”, se plantea el fondeadero como unas “áreas únicamente de espera”, la realidad hará que finalmente los barcos realicen allí “labores de limpieza, mantenimiento y conservación” que pueden provocar derrames de aceite o gasoil en la costa sanroqueña.

Apuntó que, en general, las alegaciones que ahora presenta el Ayuntamiento son las mismas de 2017, aunque “enriquecidas” por lo que se ha aprendido en estos seis años. Así, se argumenta que el proyecto carece de Valoración Ambiental Estratégica, a pesar de ser un documento necesario; que el fondeadero puede afectar negativamente a un espacio de especial protección para aves incluido en la Red Natura 2000, como es el Estuario del río Guadiaro; que puede afectar a los restos arqueológicos subacuáticos de la desembocadura del río Borondo; que habrá importantes emisiones contaminantes de los mismos barcos fondeados; que aumentará el tráfico marítimo en la zona, lo que provocará contaminación acústica que puede afectar a especies como la tortuga boba, el delfín mular o las marsopas; que habrá riesgo de vertidos por accidentes u operaciones rutinarias en los barcos; y que habrá afecciones negativas sobre los fondos marinos. A todo ello, sumó el alcalde que la APBA dispone de otros cuatro fondeaderos en la actualidad “que no se utilizan por culpa de los precios”.

Ruiz Boix destacó que en las alegaciones se recogen “las demandas, inquietudes e incertidumbres” de los promotores hoteleros, que buscan la excelencia turística, además de las de bares, restaurantes, chirjnguitos, comunidades de vecinos y de propietarios, así como de empresas turísticas que son referentes en la zona.

“El Ayuntamiento -recalcó- va a defender los intereses del sector turístico. San Roque ya tiene suficientes servidumbres por sus más de 50 años de soportar a un importante sector industrial, y no estamos dispuestos a asumir más. Por eso presentamos estas alegaciones, con las que queremos proteger el futuro de los más de 35.000 sanroqueñas y sanroqueños”, finalizó.

Agaden

Por su parte, el grupo conservacionista Verdemar Ecologistas en Acción ha reiterado una vez más su rechazo al proyecto de creación de fondeaderos exteriores frente a las costas de La Linea/ San Roque y Costa del Sol promovido, esta vez, por la Dirección General de la Marina Mercante.  

La premisa inicial de garantizar la seguridad en el tráfico marítimo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero carece de una fundamentación ambiental y social sólida que justifique su creación.  Su motivación es puramente económica, ya que existen alternativas más sostenibles y menos invasivas para abordar la seguridad del tráfico y la protección del medio ambiente.

La importancia de garantizar la seguridad en la navegación es crucial en un lugar por donde transitan más de 110.000 buques al año. Buena cuenta de ello lo vemos a diario en la labor encomiable que realizan los centros de SASEMAR Tarifa y Algeciras desviando buques a más de doce millas de la costa y alejándolos del dispositivo de separación del tráfico del estrecho para evitar colisiones y abordajes. Gracias a su labor y a las buenas prácticas marineras y medidas de guardia segura y continua que estipula el Reglamento internacional de abordajes, los buques esperan para entrar en una bahía, ya más que saturada, para realizar sus operaciones.

La creación de estos fondeaderos (cuatro en la Bahía más la proyección de 2 fuera) sí que contribuyen a un perjuicio medioambiental del litoral. Hablamos de contaminación tanto acústica como lumínica. Riesgo de derrames y vertidos cerca de la costa con poco margen de reacción. Devastación y destrucción del ecosistema, su fondo marino y  biodiversidad derivada de la acción de sus anclas. Amenazaría al paso migratorio de aves, cetáceos y la pesca.

El sector turístico de calidad se vería comprometido e hipotecado.

Sin embargo, una buena optimización de los recursos, una plena coordinación entre las autoridades portuarias, las navieras y las empresas locales junto a la implementación de tecnologías limpias son algunas de las medidas que podrían reducir los impactos medioambientales y sociales a largo plazo. Es esencial adoptar un enfoque integral que no solo priorice los aspectos económicos frente a los ambientales y sociales.

Por otro lado, no puede olvidarse que cualquier proyecto que tenga un impacto significativo en el medio ambiente tiene que ser  sometido a un Estudio de Impacto Ambiental exhaustivo y transparente antes de su aprobación en conformidad con la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino y el Plan de Estrategia de Demarcación Marina.

En resumen, la Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante para la creación de fondeaderos exteriores de la Bahía de Algeciras plantea preocupaciones y muchas preguntas  significativas en términos de impacto medioambiental, seguridad marítima , socioeconómicos de cumplimiento normativo.

Agaden Ecologistas en Acción insta a las administraciones competentes  a reconsiderar esta decisión y a trabajar en colaboración con la sociedad civil y todas las partes interesadas para encontrar soluciones que protejan y conserven nuestro patrimonio natural para las generaciones presentes y venideras.

Desde el colectivo aseguran que se oponen "a la creación de fondeaderos externos de ka vahía frente a los municipios de La Línea / San Rqoue y Costa del Sol por sus graves repercusiones ambientales y económicas".