Por cuestiones profesionales, entre mis aficiones se encuentra la literatura administrativa y jurídica. No es sencilla y, pese a que he tenido que enfrentarme desde mi más tierna juventud laboral a este tipo de textos, todavía hoy sufro horrores desentrañando las claves de un expediente de contratación o de una sentencia si el autor no pone de su parte. Pero si hago el esfuerzo no es porque tenga un gusto rarito (que sí, también lo tengo), sino porque antes de abrir el periódico por la mañana, cada español tendría que consultar los boletines oficiales como poco mientras toma un café.
La traducción de este tipo farragoso de literatura no es tarea fácil para un periodista, y tampoco lo es para un político. En muchas ocasiones, porque el representante público en cuestion ignora lo más básico del asunto que tiene entre manos (sorprendería la cantidad de veces que los representantes públicos estampan su firma al final de informes técnicos que no alcanzan a comprender) y, en otras, porque prefieren interpretar los documentos de acuerdo a sus intereses. También hay ocasiones en los que no hay mala fe, sino incapacidad para trasladar los detalles que, como todo el mundo sabe, son morada del diablo.
La cuestión es que el PSOE de Cádiz está sacando tajada de todo lo anterior. Lo ha hecho esta semana al esgrimir el protocolo suscrito entre Ayuntamiento y Diputación para la financiación del nuevo Portillo. El documento se limita a expresar la voluntad de la institución provincial a colaborar y remarca que no asume compromiso alguno. Como en todos los protocolos. Los equipos de gobierno de ambas administraciones tendrían que haber remarcado que, efectivamente, queda pendiente el convenio y haberse dado prisa en materializarlo por escrito para ahorrarse esta polémica del todo innecesaria.
Sucedió igualmente con la respuesta parlamentaria sobre el Plan Funcional del nuevo hospital a los socialistas. Si en el papel pone que está en elaboración, el lío estaba servido, porque se presentó justo trece meses antes públicamente. Lo normal es que un documento con membrete y el nombre de la consejera de Salud en esos términos hagan saltar todas las alarmas. La delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, habló de error humano. Y unos minutos después de sus declaraciones, se divulgó otra respuesta que anulaba a la anterior subrayando que sí, que el Plan Funcional existe.
Incluso la modificación del nomenclátor en Cádiz fue una locura precisamente porque quienes tenían que controlar la información la hojearon como uno hojea una revista mientras espera turno en la peluquería. Aquello desencadenó igualmente una bronca innecesaria.
Para evitar este tipo de sustos, bien harían los responsables políticos de leer bien todo lo que se les ponga por delante. Ahorrarían debates y evitarían suspicacias y desconfianza. Si la Junta de Andalucía va a obligar a los escolares a que dedican una hora semanal a los libros... debería obligar igualmente a los cargos públicos a dedicar un ratito a mirar sus papeles. Gracias.
