El alcalde de La Línea, Juan Franco, sigue rentabilizando su acuerdo con el Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz, logrando esta vez que se destinen a la ciudad 4,2 de los 9,4 millones de euros incluidos en su modificación presupuestaria llevada al pleno de este miércoles para infraestructuras y programas.
En virtud de esta modificación presupuestaria, y según el expediente, al que ha tenido acceso VIVA, se destinan 1.200.000 euros para el Proyecto modificado de la actuación 'Regeneración de las infraestructuras de la Ciudad deportiva, Fase 1', un millón de euros para el Proyecto modificado de la actuación infraestructura deportiva de nueva creación en la avenida Punto Ribot; 500.000 euros para el Proyecto modificado de la actuación adecuación de infraestructuras del mercado de abastos de La Concepción y reurbanización de las calles adyacentes y 1.500.000 euros para la Rehabilitación y mejora de la estación de autobuses.
En total, 5.781.468 euros van a parar a infraestructuras y desarrollo, como es el caso también del mercado de abastos de Cádiz.
Por otro lado, cerca de 900.000 euros se destinarán a ayudas a municipios y ELA para realizar actividades culturales y deportivas, como Algar, Arcos, Bornos, Castellar, El Bosque, Estella del Marqués, La Barca de la Florida, Guadalcacín, Paterna, Prado del Rey, Ubrique, Torrecera y Villamartín. Además se consignan cantidades para actividades culturales navideñas en diversas poblaciones.
En otro apartado, a las cámaras de comercio de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar se les facilita un total de 1.012.887 en subvenciones para desarrollar los programas Cádiz Vale Más, Cádiz Startups Capital Semilla-Seed Capital -dirigido a micropymes de base tecnológica en fase inicial- y Viveros de Empresas 4.0.
También tienen cabida en esta modificación subvenciones de bienestar social para diferentes asociaciones, como la de Padres Autistas de Cádiz, la Fundación Márgenes y Vínculos y el Hogar Betania, la APDHA o la Coordinadora de lucha contra la drogodependencia Barrio Vivo, entre otras. También para proyectos sociales de ayuntamientos como el de Prado del Rey.
Parte de estas modificaciones se han aprobado por vía de urgencia, razón que ha esgrimido el Grupo Socialista para abandonar en bloque la sesión durante el debate del punto 10, como muestra de disconformidad. Por tanto, las tres propuestas incluidas en el orden del día que habían presentado han decaído sin ser debatidas.
Proposiciones Políticas
El Grupo Popular vio cómo prosperaban sus mociones sin poder entablar debate con el principal grupo de la oposición, ya ausente a esas alturas del Pleno. De este modo, ha instado al Gobierno de España a licitar de manera urgente la redacción del proyecto de trazado del tercer carril en la AP-4 en el tramo que transcurre en la provincia de Cádiz, para evitar que se genere “un cuello de botella”, en palabras del portavoz de este punto Agustín Muñoz, ya que esta ampliación de la vía sí está anunciada pero sólo mientras discurre por la provincia de Sevilla. La propuesta incide en el cariz estratégico que tiene esta vía como punto de interconexión con la capital de Andalucía y para la movilidad dentro de la provincia y el aumento de tráfico experimentado tras dejar de ser autopista de peaje.
La propuesta fue aprobada por unanimidad, no como la segunda moción popular, que recibió el voto negativo de Izquierda Unida, y que hacía alusión al compromiso con el principio de igualdad recogido en la Constitución española y contra la última Ley de Amnistía del Gobierno. La propuesta rechaza una “financiación singular para Cataluña” por tratarse de un “trato desigual de unos territorios frente a otros”.
El punto 9, una moción de Izquierda Unida referente a Sanlúcar ha sido aprobada por unanimidad. La misma insta al Gobierno central a su declaración como Zona de Especial Singularidad, para dotar a la ciudad de recursos adicionales a fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la zona de la desembocadura del Guadalquivir. Ello incluye un paquete de medidas que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que el Gobierno de la Nación declare profesión de riesgo la labor de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y que reconozca la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, así como la ampliación de las plantillas laborales, el incremento de medios técnicos e incentivos profesionales, económicos y sociales para los agentes y sus unidades familiares. Una serie de medidas, que mediante una enmienda de adición socialista, se hace extensiva también a la policía local.
Planes y asuntos de gestión
En materia de gestión, el Pleno ha aprobado la puesta en marcha de dos nuevos planes de apoyo a los ayuntamientos de la provincia y que en suma, supondrán una inversión de 860.100 euros del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.
El primero de ellos, el Plan PARVEPC, Plan de Inversión e Impulso para el Apoyo a la Recarga de Vehículos Eléctricos en la provincia de Cádiz, supone un paso más en la estrategia de la Diputación por impulsar la electrificación del parque móvil de la provincia. El PARVEPC aporta ayudas a la instalación de estaciones de recarga de titularidad municipal. El vicepresidente segundo, Javier Vidal, responsable del Área, ha explicado que el plan persigue la igualdad de oportunidades y que no queden fuera del proceso de habilitación de puntos de recarga eléctrica municipios de pequeño tamaño que no encajan con los planes de instalación y explotación de estos puntos por parte de la empresa privada. Viene a complementar al Plan MOVEP, que ya destinó otros 600.000 euros en 2023 para que 20 ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes pudieran adquirir vehículos eléctricos y ceder terreno para instalar infraestructuras de recarga.
Esta convocatoria otorgará 15.000 euros, es decir, el coste total de suministro e instalación de una estación de recarga en suelo público a cada ayuntamiento solicitante. Hasta la fecha esta lista la componen: Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, Chipiona, El Gastor, Estella del Marqués, Grazalema, Guadalcacín, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, Nueva Jarilla, Olvera, Paterna de Rivera, Puerto Serrano, San Isidro del Guadalete, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Torrecera, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara de los Atunes, Zahara de la Sierra. Vidal ha asegurado que se realizarán trámites para que puedan adherirse más ayuntamientos.
El segundo plan aprobado es el de Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental, con cargo a un presupuesto de 260.100 euros. Se invertirán en ayudas a los ayuntamientos que deben realizar acciones de refuerzo de diagnosis, vigilancia sobre las larvas y mosquitos adultos, planes municipales de vigilancia y control y medidas de información a la ciudadanía en diferentes épocas del año.
Los municipios destinatarios, de menos de 50.000 habitantes, recibirán subvenciones que han sido distribuidas en función de su nivel de riesgo. Así, Zahara de la Sierra, en el nivel 1, percibirá 4.000 euros; en el nivel 2, Arcos de la Frontera recibirá una ayuda de 8.500 euros, Bornos, Trebujena y San José del Valle de 10.000, y Jimena de 8.000 euros. En el nivel 3, Los Barrios percibirá 10.000 euros; 15.500 Alcalá de los Gazules, Medina y Villamartín; 17.700 Barbate, Conil y Puerto Real. Benalup-Casas Viejas, Prado del Rey, Tarifa y Vejer recibirán una ayuda de 25.000 euros.
Otros asuntos
En materia tributaria se han aprobado las propuestas de reformulación de las encomiendas de gestión de sanciones administrativas de los municipios de Sanlúcar de Barrameda y Chiclana, así como que la Diputación asuma la gestión de expedientes sancionadores de tráfico en Trebujena. También por urgencia se han aprobado mociones similares para Tarifa y Bornos.
El Pleno se ha iniciado con la celebración de la Junta General Universal de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz y la de la Empresa Provincial de Información de Cádiz, Epicsa, que han elevado sus respectivas cuentas, ya aprobadas en los consejos de administración, para ratificación del arco plenario.
