El pasado 18 de junio, varios medios locales gibraltareños informaban del anuncio oficial de adjudicación, por parte de la subsidiaria de TNG Global TNG Realty, de “trabajos de protección costera” vinculados al proyecto Eastside, a una “entidad de empresa conjunta” –lo que aquí entenderíamos como una UTE- conformada por la contratista de obras marinas Roverpol y la empresa de ingeniería civil MacMillan Limited. El CEO de TNG Realty (Eastsie) Limited y portavoz de TNG Global Adrián Olivero señalaba entonces que ello iba a permitir “la eliminación de la montaña de escombros y el nacimiento visible de este proyecto de transformación para Gibraltar”.
Como recordaba la cadena publica de radiodifusión GBC, “el contrato de TNG para el proyecto Eastside se anunció en octubre de 2021. Desde entonces, los promotores han pagado una prima de 90 millones de libras esterlinas a las arcas del Gobierno y el proyecto se presentó ante la Comisión de Planificación y Desarrollo en mayo de 2022”. Hasta entonces, no ha habido avances visibles, pero Adrián Olivero de TNG dice que se ha trabajado “mucho detrás de escena”.
Ahora, semanas después, con el inicio de esta actividad de los rellenos han llegado las dudas, expresadas en los últimos días por diversos colectivos, principalmente ecologistas, primero por la posible toxicidad de los áridos utilizados en dichos rellenos y sobre su procedencia; y este mismo jueves, Verdemar Ecologistas en Acción señalaba la posibilidad de que la escollera de Gibraltar utilizará piedras de “canteras ilegales”.
Todo ello unido a la reiterada protesta de los conservacionistas acerca de la realización de estos rellenos en zona de especial conservación y, desde la vertiente más política, dirigentes como el popular José Ignacio Landaluce, recordando que Gibraltar sigue ganando terreno al mar en contra de lo establecido en el Tratado de Utrecht.
