La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los dos extenientes de alcalde del PSC en Pineda de Mar (Barcelona) que aceptaron una condena de un año de cárcel por coaccionar a una cadena hotelera para que expulsara a unos 500 agentes de la Policía Nacional que tenía alojados en el municipio por el 1-O.
En sendos autos, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha acordado aplicar la amnistía a los dos exconcejales del PSC, Carme Aragonès y Jordi Masnou, de acuerdo con el criterio de sus defensas y de la Fiscalía, al concluir que los hechos se enmarcan "claramente" y encajan "sin ningún género de dudas" con la ley del olvido penal.
De esta forma, la Audiencia amnistía a los dos extenientes de alcalde y declara extinguida su responsabilidad penal, con lo que da por finalizado el proceso de ejecución de la condena -que estaba suspendido desde mayo de 2023-, y además elimina sus antecedentes penales derivados de esta causa.
Al arrancar el juicio, los dos extenientes de alcalde aceptaron una condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación por un delito de coacciones, mientras que el entonces jefe de la Policía Local de Pineda, Carles Santacreu, que también estaba acusado por los mismos hechos y rechazó un pacto, acabó siendo absuelto.
Según la condena, los dos extenientes de alcalde se presentaron la noche del 2 de octubre de 2017, junto al entonces jefe de la policía local, en un hotel de la cadena Checkin de Pineda, que en sus dos establecimientos en la población alojaba a unos 500 agentes destinados a Cataluña que habían intervenido el día anterior para evitar el referéndum del 1-O.
Tras ser increpados por manifestantes independentistas que protestaban a las puertas del hotel por la presencia de los agentes del 1-O, los dos exconcejales se reunieron con el director del hotel, a quien le dijeron que tenía que desalojar a los agentes de los dos establecimientos que la cadena tiene en Pineda.
Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena hotelera, ante quien Aragonès, que era la máxima autoridad municipal porque el alcalde estaba fuera del municipio, reiteró su exigencia, si bien el responsable se negó alegando que no había habido ningún problema con sus huéspedes.
La entonces primer teniente de alcalde le pasó el teléfono a Jordi Masnou, quien como responsable de Urbanismo advirtió al gerente de que tenía que echar a "esos clientes sí o sí".
Tras esta conversación, el gerente de la cadena Checkin, impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales, decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían "obligados", bajo la amenaza de cerrar sus hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente policial antes de las 16.00 horas del día 3 de octubre.
Una vez en la calle, Aragonès dio a entender a la prensa que habían alcanzado un acuerdo con la cadena para que los policías nacionales abandonaran los hoteles al día siguiente: "El diálogo es lo mejor y así hemos llegado a un acuerdo", dijo.
En los dos autos, que se pueden recurrir, en que amnistía a ambos exconcejales socialistas, la Audiencia subraya que los hechos tuvieron como objetivo hacer que los responsables de la cadena hotelera obligaran al desalojo de los 500 agentes de la Policía que estaban alojados en Pineda, en el dispositivo para evitar el 1-O.
"La actuación de los penados tuvo como finalidad dificultar la labor de dichos agentes, poniendo trabas a su alojamiento en dicha localidad, mostrando de esta manera un claro apoyo a la celebración del citado referéndum", sostiene la Audiencia, que por este motivo concluye que su conducta "encaja sin ningún género de dudas" en la ley de amnistía.
Se da el caso de que el grupo del PSC en Pineda, que tenía el control del Ayuntamiento, se opuso a la celebración del 1-O.
En el juicio, un comisario de la Policía Nacional responsable de la logística para evitar el 1-O explicó que los agentes que se hospedaban en el hotel de Pineda de Mar habían sido realojados allí después de que el Govern impidiera atracar en el puerto de Palamós al barco que los llevaba, uno de los motivos que llevaron a condenar por sedición al entonces conseller Josep Rull (Junts), actual presidente del Parlament.
Por su parte, el entonces jefe de la policía local fue absuelto al concluir la Audiencia que se no intervino en el proceso, sino que se limitó a dar protección a los tenientes de alcalde.
