El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Gobierno de la Nación que de a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza el mismo trato que está dispensando a otros puntos de la red, después de haber tenido conocimiento de que  según las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana este servicio no comenzará a ser explotado hasta el primer semestre del año 2026.

El primer edil señala que “no es de recibo que una vez más, el Gobierno de España nos deje en el vagón de cola, máxime cuando hablamos de una infraestructura fundamental para potenciar el desarrollo tanto del primer puerto de nuestro país, el de Algeciras, con la primera zona logistica de la nación, como es Zaragoza”.

“Pero es que además, impulsar el eje este-oeste a través de la unión Valencia-Madrid-Sines, que ya ha entrado en funcionamiento con  la activación del corredor entre el puerto levantino y la capital del país, supone condenar a los puertos del sur del España a sufrir grandes perjuicios en lo que al movimiento de mercancías se refiere, con una especial incidencia sobre el puerto de Algeciras, líder del sistema portuario nacional con más de cien millones de toneladas de mercancias movidas cada año”

Para Landaluce “es fundamental dar certeza y certidumbre a la comunidad portuaria y a las empresas que trabajan en este sector. No dar información fehaciente sobre aspectos tan fundamentales como plazos de ejecución o inversiones previstas no beneficia a nadie en esta tierra, que sigue padeciendo la endémica e histórica falta de infraestructuras que lastra nuesto presente e hipoteca el futuro de las nuevas generaciones”.

Finalmente, recalca el alcalde que “continuaremos reclamando ante todas las instancias las mejoras que Algeciras necesita. La puesta en marcha de la alianza de ciudades por el ramal central ferroviario seguirá reivindicando lo que en justicia nos corresponde, puesto que los algecireños y los campogibraltareños no podemos seguir siendo tratados como ciudadanos de tercera categoría, mientras se beneficia a otros territorios en detrimento del nuestro. Llevamos años avisando al Gobierno de esta situación, y ahí seguimos”.