Esta semana se cumplen cinco años desde que la Junta de Andalucía decretó la alerta sanitaria por un brote de listeriosis en carne mechada, fabricada en Sevilla por Magrudis, y que con el paso de los días se convirtió en una de las crisis alimentarias más importantes de las últimas décadas en el país.
A mediados de agosto de 2019, el Gobierno andaluz lanzó la alerta tras detectar un aumento inusual de la incidencia de listeriosis en varios hospitales de la región.
Las autoridades concluyeron que su responsable fue la carne mechada de la compañía Magrudis y retiraron el producto de la venta, pero para entonces ya había sido consumido por diversos clientes, algunos de ellos mujeres embarazadas que son de especial riesgo frente al patógeno.
De hecho, el brote causó cuatro muertes, seis abortos y 244 personas afectadas, unos hechos aún pendientes de juicio y sentencia; la instrucción sí ha acabado y el Ministerio Fiscal pidió en sus conclusiones provisionales penas de 10 años de prisión y distintas multas para los dueños de la empresa.
El foco, en la seguridad alimentaria
Fueron semanas e incluso meses en los que se habló, y mucho, de los protocolos de seguridad alimentaria en las fábricas para explicar cómo había podido ponerse a la venta una carne mechada que, según sus análisis, superaba más de 3.700 veces la contaminación máxima tolerable de esta bacteria.
Se puso el foco, por ejemplo, en el documento de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (Appcc), elaborado por cada compañía, y que especifica los análisis físico-químicos y microbiológicos que se harán tanto al alimento como a las superficies que vayan a entrar en contacto con él para descartar posibles contaminaciones.
Es decir, en la responsabilidad y diligencia sobre los controles, que recaen principalmente en la propia empresa.
En el caso de Magrudis, la Guardia Civil concluyó en su investigación que los responsables conocían la presencia de la listeria en sus productos desde finales de 2018, precisamente por los controles, pero no informaron a las autoridades competentes de este resultado.
Además, tampoco quedó acreditada la retirada de estos productos afectados ni su destrucción.
Un congreso internacional
El impacto y las consecuencias de este brote llevaron incluso a la organización del primer congreso internacional sobre listeria, celebrado a primeros de 2020 en Sevilla.
Más de 800 asistentes analizaron cómo afrontar mejor una emergencia de seguridad alimentaria de esta envergadura y sirvió, además, para que la propia Junta de Andalucía anunciase una partida de 100.000 euros para investigar la listeriosis.
Siempre atentos
Aunque los niveles de seguridad alimentaria y de cumplimiento de la normativa es elevada -y por lo tanto casos como éste son la excepción- hay que mantener la vigilancia sobre la listeria.
Los expertos aluden a la capacidad de resistencia de la bacteria en diferentes ambientes, especialmente cuando ha formado "biofilm" o películas, y a su virulencia en algunos grupos de población.
Por eso, en estos años se ha puesto especial énfasis en ser aún más rigurosos con los controles de seguridad alimentaria.
De hecho, la semana pasada la Consejería andaluza de Salud y Consumo ordenó la retirada de un lote de salchichón ibérico de Embutidos La Serrana S.L. de Olvera (Cádiz), distribuido en localidades de Cádiz, Málaga y Sevilla, al hallar restos de listeria, cuya presencia ya provocó que el 28 de julio se retirasen lotes de zurrapa blanca de la misma firma.
Dentro de la Unión Europea (UE), la red de alerta (Rasff) ha notificado en lo que va de agosto dos alertas serias por presencia de listeria en ternera procedente de Irlanda y en hojas de espinaca de Suecia, aunque sin que consten consumidores afectados.
Fuera de la UE, Estados Unidos acaba de notificar un brote en carne embutida que ha provocado ya tres muertos y 40 hospitalizados.
La listeria sigue presente y los esfuerzos en investigación, información y medidas de prevención de seguridad alimentaria siguen siendo cruciales para evitar crisis como la de hace cinco años.
