La ciudad autónoma de La Línea cumple un año muerta este sábado. El 28 de septiembre de 2023, saltaba la noticia de que el Tribunal Supremo tumbaba de forma -al menos aparentemente- definitiva una propuesta para muchos disparatada, para otros tremendamente ambiciosa y audaz, e indudablemente electoralista. Que además funcionó, porque sin duda ese 'nacionalismo' local del alcalde linense, Juan Franco, al que llegaron a llamar 'el Puigdemont del sur' le otorgó muchos de los votos con los que sumó sus dos mayorías absolutas consecutivas.

Como ya ocurriese con aquella añorada y singular campaña del exalcalde de Algeciras, Patricio González, para convertir el Campo de Gibraltar en la novena provincia, el objetivo de tan irrealizable ocurrencia del primer edil linense parecía ser más bien el de conseguir cosas para la ciudad mucho más tangibles, un objetivo que, finalmente, se ha hecho mucho más real con los indudables beneficios para la ciudad del acuerdo en Diputación: más de 20 millones entre modificaciones presupuestarias y remanentes de tesorería; y el visto bueno de la Junta de Andalucía a un PGOU que debe de transformar urbanísticamente la ciudad en los próximos años y generar oportunidades de inversión y expansión.

Aquel 28 de septiembre de 2023, se conocía que el Tribunal Supremo, en su sala de lo Contencioso-Administrativo,rechazaba el recurso del gobierno local de Juan Franco y ratificaba el acuerdo del Consejo de Ministros que impedía al Ayuntamiento hacer una consulta al pueblo linense. El alto tribunal consideraba que no es de aplicación -como apelaba el gobierno linense- el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual “los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.

El Supremo aclaraba que la citada consulta “incide en la organización territorial del Estado, altera la composición territorial de la comunidad autónoma, en este caso la de Andalucía y, por tanto a su Estatuto de Autonomía, y es ajeno a la competencia municipal”. Además, reprocha que “la corporación municipal ha pretendido obtener a través de un medio que no está concebido para el fin al que aspira una respuesta contraria al ordenamiento jurídico”.

El TS concluia que “es correcta materialmente la denegación de la autorización aunque formalmente haya habido pasividad injustificada” en la tramitación del procedimiento. El Supremo apreciaba esta “pasividad” en el hecho de que el Ayuntamiento de La Línea inició el 15 de marzo de 2022 el proceso para que el Gobierno diera luz verde a la consulta, sin obtener respuesta hasta el acuerdo del 25 de octubre. Empezó por comunicárselo a la Junta de Andalucía, que el 12 de abril envió la solicitud y el expediente por correo electrónico al Ministerio de Administración Territorial. “Ante la falta de respuesta”, y “habiendo pasado más de tres meses”, La Línea pidió certificación para interpretar este silencio como positivo, y en base a ello creía que el a cuerdo del Consejo de Ministros “vulnera el ordenamiento jurídico”. El Supremo concede que “no se hizo nada” y que “solamente tras recibirse en el Registro del Ministerio” la petición del certificado de silencio administrativo positivo. (...) se pone en movimiento la Administración del Estado". El TS exponía que “el problema surge por el medio utilizado para hacer llegar desde la Junta de Andalucía al Ministerio de Administración Territorial la solicitud y la documentación que la acompañaba”, porque se hizo por correo electrónico sin usar un registro oficial, conforme adujo la Abogacía del Estado.

El propio Franco reconocía entonces que la sentencia era un “varapalo” y revelaba que el equipo jurídico del Consistorio estaba “estudiando la sentencia, porque hay cuestiones que no compartimos”. Señalaba que “habrá que contemplar vías de actuación y ver cuáles serán los siguientes pasos que damos”. Desde entonces, el tema ha estado muerto, aunque el alcalde indicaba meses después, en una entrevista en el medio comarcal Europa Sur, que no descartaba retomar el asunto si se concedía el referéndum a Cataluña, pues las razones para denegarles a ellos la ciudad autónoma eran, a su parecer, igual de válidas para negárselo a Cataluña.

Con esa sentencia acababan cinco años de gestiones para un sueño que nunca tuvo visos de ser real, pero que ilusionó y motivó a mucha gente, y eso es un mérito que nadie puede negarle al primer edil linense.