La sesión plenaria que mañana reúne a la Corporación Municipal incluye en su orden del día una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular instando al Gobierno de España a aprobar un proyecto de reforma de la Ley 1/1996 de tal manera que se garantice la asistencia gratuita a las víctimas de violencia sexual y garantizando su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Paula Conesa, vicesecretaria local y teniente de alcalde delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Algeciras, será la encargada de defender en el Pleno Municipal esta moción que en su exposición de motivos recuerda que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales contempladas en el Convenio de Estambul, y que concede al Gobierno un año de plazo para remitir a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia gratuita, al objeto de garantizar las condiciones de asistencia jurídica previstas en la Ley Orgánica citada en primer lugar.

Una vez más, alerta Conesa, el Gobierno, sin pararse a valorar los perjuicios que ello pudiera acarrear, ha dejado expirar ese plazo de un año, que cumplía el pasado 7 de octubre sin que haya hecho nada al respecto.

Esta desidia, asegura la concejal popular, provoca “una situación grave y preocupante si tenemos en cuenta una tendencia al alza en la comisión de ese tipo de delitos, que en el caso de Andalucía registran un total de 3.573, un 13,2% más que en 2022”.

Por otra parte, Paula Conesa recuerda que la Junta de Andalucía sí tomó cartas en el asunto y “desde el año pasado ha garantizado la asistencia gratuita a las víctimas de violencia sexual a través del turno de guardia específico de Violencia de Género”, si bien reconoce que es necesario “el apoyo y actuación del Gobierno de España ante una situación que nos concierne a todos”.

La vicesecretaria de Bienestar Social del Partido Popular de Algeciras concluye asegurando que las víctimas de violencia sexual “deben tener todos los recursos necesarios en un momento tan crítico en un contexto en el que hay que exigir al Estado una respuesta ágil y solidaria para garantizarles una defensa jurídica adecuada que no dependa de su situación económica”.