El PSOE de Los Barrios señala que el interventor municipal ha reconocido que los gastos contemplados en una serie de facturas que sumaban 3,8 millones de euros debieron ser objeto de expedientes de contratación "respetando los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”.

Los socialistas barreños ponían el foco el pasado pleno en el informe de fiscalización previa presentado por la intervención municipal del Ayuntamiento, específicamente en el apartado de la relación de facturas que se tramitaron con omisión de la función fiscalizadora del interventor, unas facturas que sumaban un total de 3,8 millones de euros. 

El secretario general del PSOE barreño, Daniel Perea, asegura que desde su grupo municipal siguen fiscalizando esas facturas facilitadas por la intervención municipal, pero adelanta que el propio interventor reconoce que, “los gastos contemplados en esas facturas deberían haber sido objeto de expedientes de contratación respetando los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”.

Según indica el PSOE, la jurisprudencia y la legislación recoge la posibilidad que, por diferentes circunstancias, la administración deba hacer frente al pago de los servicios prestados por empresas que no tengan contrato en vigor en ese momento por según el principio de no enriquecimiento injusto de la Administración, pero Perea entiende que independientemente del pago de esas facturas, el alcalde, como órgano del que parten estas facturas, está obligado a realizar una revisión de oficio que justifique la necesidad que tenía el Ayuntamiento de contratar a esa determinada empresa. “Alcaldía no ha realizado la revisión de oficio que solicita el interventor en su informe y, por tanto, consolidando la nulidad de pleno derecho de los procedimientos de reconocimiento de esas facturas”, señala Perea. 

Los socialistas, por todo lo expuesto, entienden que el señor Alconchel no puede escudarse en el enriquecimiento injusto de la administración para seguir realizando un procedimiento totalmente irregular y que vulnera la ley de contratación pública, “por supuesto que se deben pagar las facturas a esas empresas que de buena fe han prestado los servicios, pero posteriormente se debe justificar esa actuación acorde a los principios que establece la ley de contratos del sector público”, concluyen desde el PSOE.