El interventor municipal del Ayuntamiento de Algeciras ha denunciado ante la Fiscalía una posible usurpación de su identidad digital tras detectar un acceso no autorizado a la plataforma a través de la cual se rinde cuenta de las finanzas municipales al Gobierno central, es por eso que se ha abierto un expediente aclaratorio del que se dará cuenta el próximo lunes en la Comisión de Hacienda y posteriormente en Junta de Gobierno.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que los técnicos municipales han actuado "de forma inmediata" para analizar los hechos, mientras que el interventor ha comunicado la situación al alcalde, José Ignacio Landaluce.

La denuncia advierte que dicho acceso se ha producido "desde una dirección IP externa a las instalaciones municipales", por lo que "se considera urgente esclarecer la identidad de quien haya podido entrar en la aplicación". Esta vulneración representa "una grave amenaza para la seguridad y privacidad del Ayuntamiento de Algeciras y de los datos que se manejan en el ámbito de la intervención municipal".

Además, tal y como se ha advertido, se desconoce el alcance de las posibles acciones que se han llevado a cabo en la plataforma ni cuál podría ser la finalidad de las mismas.

La herramienta comprometida es "una pasarela crítica" en la que el Departamento de Intervención comunica al Ministerio de Hacienda todas las actividades financieras del Ayuntamiento, por lo que la intrusión supone "una potencial violación de la seguridad institucional".

A raíz de la denuncia en la Fiscalía, se ha ordenado por parte del consistorio algecireño la apertura de un expediente para esclarecer los hechos. Esta situación será tratada además en la próxima reunión de la Comisión de Hacienda, en la cual se ofrecerá información detallada y se pondrán a disposición todos los informes pertinentes para conocimiento de los grupos políticos.

Desde el consistorio ha trasladado "la plena confianza en la labor de los funcionarios de todas las delegaciones", y "el respaldo incondicional al interventor de fondos", quien desempeña "un papel fundamental en la salvaguarda de la integridad financiera del municipio".

Las autoridades locales han reiterado su respeto al proceso judicial y su disposición a colaborar para que sea la justicia quien determine las responsabilidades pertinentes en esta posible vulneración de la seguridad municipal.

"Desde el primer momento, hemos confiado en la Justicia para aclarar los hechos, al tiempo que seguimos brindando nuestro apoyo y confianza a los funcionarios y técnicos municipales que velan por la transparencia de la gestión pública en Algeciras", ha expresado la teniente de alcalde delegada de Hacienda e Informática, María Solanes.

Ahora se está a la espera de que la Fiscalía determine si la situación constituye un delito y si procede elevar la investigación al juzgado de instrucción correspondiente.

El PSOE pide explicaciones

El Grupo Municipal Socialista va a reclamar, por escrito, copia de toda la documentación que se haya enviado a la Fiscalía con motivo de la denuncia interpuesta por el interventor de fondos del Ayuntamiento de Algeciras, por presunta usurpación de su identidad digital en la plataforma del Ministerio de Hacienda.

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz socialista en la Corporación municipal, Rocío Arrabal, ha considerado además que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP) tiene que dar explicaciones que "ya están tardando", y no sólo por la gravedad de los hechos ahora conocidos, sino por la “falta de transparencia y de respeto a la democracia” que implica el hecho de que los grupos políticos de la oposición, una vez más, se hayan tenido que enterar de todo esto por la prensa.

Asimismo, e independientemente de otras "lecturas" que se puedan extraer de lo ocurrido, la portavoz del PSOE recuerda al gobierno local de la ciudad que la información sobre la situación económica del Consistorio, incluyendo la que afecta al cumplimiento del Plan de Ajuste, "ni es ni puede ser confidencial".

"Por qué a los grupos políticos de la oposición no se nos ha dado información sobre lo sucedido? Estamos hablando de una denuncia que, según ha salido publicado, fue formalizada el pasado 18 de octubre, hace ya casi un mes, y de un escrito que el alcalde recibió el pasado día 6 de noviembre... Son hechos muy graves que afectan a la seguridad de la gestión del Ayuntamiento, y que se nos han venido ocultando al resto de miembros de la Corporación de manera deliberada, en un nuevo ejercicio de oscurantismo y falta de transparencia por parte del PP de Landaluce, y sólo cabe preguntarse por qué", ha advertido.

 

Arrabal ha considerado también "muy significativo" que justo al mediodía de este miércoles, horas después de "saltar" la noticia, se haya notificado la inclusión de este asunto en la Comisión de Hacienda del próximo lunes, algo que, como siempre, ya llega "tarde y mal", una vez que no se ha podido evitar que el suceso trascienda a la opinión pública, y "ahorrando" al alcalde el trámite de tener que ser él quién dé explicaciones, en su línea de "hablar sólo del tren, del peaje de la Costa del Sol y de otras cosas, para confrontar con el Gobierno y eludir sus responsabilidades como alcalde en el día a día de la gestión de la ciudad”.

La Policía Judicial, en el despacho de la delegada de Hacienda

Por otra parte, a toda esta "extraña situación" hay que añadir el hecho de que, según ha podido saber el Grupo Socialista, agentes de la Policía Judicial tuvieron que acudir hace días al despacho de la concejala delegada de Hacienda, tras el presunto hallazgo de un dispositivo de grabación. De estos graves hechos, de los que cabe pensar que darán lugar a la correspondiente denuncia, tampoco ha sido informada la oposición por los cauces reglamentarios.

Tras considerar "oportuna y pertinente" la denuncia sí formulada por el interventor, y a la espera de las demandadas "explicaciones", desde el Grupo Socialista se recuerda que aún se está "a la espera" de otra denuncia: la que debería haber sido interpuesta por el Ayuntamiento en relación a la polémica de los "wasaps" filtrados sobre presuntas acusaciones de acoso sexual, que han puesto en entredicho la imagen de la institución municipal, y que, "incomprensiblemente", aún no han sido puestos en conocimiento de la Justicia.