Hace pocos días, se cumplía un año del anuncio efectuado por la Junta de Andalucía del cese de actividad turística de seis residencias de tiempo libre en Andalucía, entre ellas la del Burgo Turístico, en La Línea. En poco tiempo, se había pasado de una previsión inicial de revalorización, con demandas de apertura durante todo el año para mejorar las condiciones de su personal, que iba incluida entre las 112 medidas antibrexit de la Junta de Andalucía, a no ser rentable.
La consejera Rocío Blanco afirmaba el 10 de noviembre, día que confirmaba estos cierres, que desde 2015 habían supuesto, de hecho, una pérdida de 123 millones de euros para las arcas de la Junta y que las estancias habían disminuido progresivamente. Además, agregaba que estas instalaciones no eran servicios de primera necesidad para el ciudadano y que por tanto no seguir gestionándolas desde lo público no era causar una merma en los servicios públicos esenciales.
De este modo, el futuro de El Burgo Turístico pasaba por la aplicación de un proceso de licitación y concesión para que una entidad privada se haga cargo de su gestión en el futuro, un proceso que todavía, un año después, no ha comenzado ni tiene visos de hacerlo en corto espacio de tiempo.
A pesar de ello, la Junta garantizó dos cosas: lo primero, la reabsorción del personal, 89 trabajadores, 36 fijos y 53 fijos-discontinuos, en el caso de La Línea, en otros departamentos de la administración autonómica; y por otra parte, que seguiría llevando a cabo el mantenimiento de las instalaciones, agregando que en los meses siguientes se dedicarían a acciones formativas.
A preguntas de VIVA CAMPO DE GIBRALTAR en estos últimos días, desde la Junta de Andalucía señalan que el pasado mes de mayo finalizaba satisfactoriamente la recolocación del personal que trabajaba en El Burgo. De hecho, las fuentes consultadas señalaban que estos trabajadores “ya pertenecen a las RPT de sus nuevos destinos”. Las mismas fuentes apuntaban que en abril finalizaban también los dos cursos que últimamente se habían estado impartiendo en el edificio añadiendo que ya no estaba previsto que se fueran a realizar más acciones formativas en El Burgo.
Obviamente, al no haber concesión administrativa para la gestión privada por el momento, este verano no se han ofertado plazas turísticas, por lo que se presupone que éste ha permanecido inactivo todo este tiempo, con únicamente las tareas preceptivas de mantenimiento y seguridad.
Cuando se dio a conocer la noticia del inminente cierre de El Burgo como recurso turístico, el alcalde, Juan Franco, manifestaba sentirse sorprendido, como todos, y “preocupado” tanto por el futuro de la plantilla como por el de la misma residencia. Franco calificó entonces la declsión de la Junta como “muy sensible y delicada tanto para los trabajadores como para la propia ciudad, atendiendo a la escasez de recursos turísticos y hoteleros de que disponemos y el papel fundamental que juega en este ámbito la Residencia de Tiempo Libre”. El primer edil se reunió con el delegado territorial, Daniel Sánchez; y con el Comité de Empresa, en aquellos primeros días, sacando en claro que lo que se iba a hacer es una privatización a través de la concesión administrativa de su gestión.
Puestos en contacto desde VIVA con los servicios de comunicación del Ayuntamiento en busca de conocer sus impresiones ahora, un año después, desde el Consistorio declinaron el ofrecimiento de este diario.
Quien sí se ha pronunciado al respecto es la Flavi, cuyo presidente, Alfonso Torres, se ha mostrado tajante al afirmar que La Línea ha perdido “un recurso turístico de primera magnitud” que jugó un papel fundamental para “dinamizar el turismo” en un momento en que las cosas se habían complicado mucho para la ciudad por los efectos del cierre de la Verja. Muy al contrario de la interpretación de la Junta, Torres y la Flavi creen que sí se trata de “un servicio público” que la administración tiene que mantener y que representaba una opción para muchos andaluces de pasar unas vacaciones a precios asequibles, teniendo en cuenta que “la mitad de los andaluces no pueden permitirse irse de vacaciones”.