El conflicto comenzó a raíz de un pleno municipal celebrado el 31 de marzo de 2010, cuando el entonces alcalde y varios concejales aprobaron el pago de una deuda de más de 200.000 euros que Gremio, la empresa organizadora de los conciertos, reclamaba por la organización de los festivales. Esta decisión desató una fuerte controversia, pues desde la oposición no estaban de acuerdo con la resolución adoptada en el pleno. Posteriormente, la empresa demandó al Ayuntamiento para exigir el cobro de dicha cantidad.
Años más tarde, con la entrada de Guillermo Ruiz como alcalde, se tomó la decisión de denunciar a los ediles que en su día votaron a favor del pago. Este movimiento, que buscaba depurar responsabilidades, intensificó un proceso judicial que mantuvo enfrentados a los protagonistas de diferentes bandos políticos.
Cabe recordar que Fiscalía pedía para ellos cinco años por malversación y prevaricación. Finalmente, quince años después del inicio de esta disputa, el caso se ha cerrado en la Audiencia Provincial de Algeciras, gracias a un acuerdo entre ambas partes por el que los acusados han aceptado la condena de tres años y seis meses de inhabilitación sólo por un delito de prevaricación.
Este pacto pone punto final a un largo camino judicial que estuvo marcado por tensiones en la vida política de Jimena de la Frontera, cerrando así un capítulo que, durante años, ha permanecido latente en la memoria institucional de la localidad.
En el siguiente video, Guillermo Ruiz habla para 7TV
