Un juzgado de Algeciras ha ejecutado este martes finalmente el desahucio de una mujer de una casa en la calle Cabo de la Nave, de la barriada de El Rinconcillo tras haber rechazado la jueza que lleva el caso el recurso de reposición interpuesto por su representación legal con la intención de aplazar el lanzamiento y poder buscar un lugar alternativo donde vivir.

La mujer, que tiene un hijo con Transtorno por Defícit de Atención e Hiperactividad (TDHA), ya había anunciado que no iba a resistirse a la operación de lanzamiento, que se produjo, no obstante, con fuerte presencia de la Policía Nacional, algo habitual en estos casos.

Fuentes relacionadas con el caso señalaban que el proceso que ha desembocado en el desahucio comenzaba en 2023, aunque la mujer niega que llevase dos años en impagos y asegura que intentó pagar el alquiler por bizum al no facilitarle los propietarios una cuenta a la que ingresar el dinero. “Ellos iniciaron el proceso. No sabía que tenía que poner el dinero en el juzgado o poner una denuncia. Pero nadie me ha informado de nada. De verdad es que no lo sabía”. Después, asegura, le “bloquearon”. Si bien indicaba a VIVA que no percibe más ingresos que el mínimo vital, aseguraba estar dispuesta “a que me falte un poquito para comer” antes de no pagar, circunstancia de la que los propietarios, afirma, eran conocedores. “A mi no me han pedido nunca una nómina ni me he metido yo a la fuerza. Me han metido porque han querido”.

A pesar de esta aparente situación de vulnerabilidad, el hecho de que el auto de lanzamiento saliese antes de la renovación de la Ley Omnibus que prorrogaba la prohibición de desahucios le ha acabado perjudicando, ello y que por cuestiones aparentemente de carácter burocrático no ha podido acreditar ante el juzgado, o así lo interpretaba, al menos la jueza, su situación de vulnerabilidad.

Horas después de ejecutarse el desahucio, la mujer indicaba a este medio que sus cosas “en la puerta de la calle esperando que un hombre vaya a recogerlas para llevárselas porque las voy a dejar en la casa de un familiar, pero yo no me voy a casa de nadie”, por lo que, asegura, quedan en la calle. “No tengo nada pensado. No he podido organizarme. Ha sido cuestión de 10 días. Me han dicho que no, que no y que no”.  Ni tan siquiera, señala, se han puesto en contacto con ella desde Servicios Sociales del Ayuntamiento. “He dormido con el chaquetón y los tenis al lado, preparada para irme, tengo la ropa mía en la calle. Todas mis cosas están fuera”.

Fuentes cercanas al caso aclararon también que no se trata de un banco o gran propietario, sino de un particular que no contaría con más de dos inmuebles y que había referido la necesidad de hacer uso de la vivienda.