El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el conocido como Plan Especial Ayala, el cual fue aprobado por el Ayuntamiento de San Roque en julio de 2020. Este plan tenía como objetivo desarrollar el Distrito Equino de San Enrique de Guadiaro para construir en un suelo no urbanizable minifincas con establos para caballos y viviendas, en un proyecto que pretendía atraer al deporte del polo.
El grupo Vedermar Ecologistas en Acción, en nota de prensa, ha dado hoy a conocer la decisión del tribunal, que incluye la condena en costas al Ayuntamiento de San Roque y a la promotora Ayala España S.A.
El tribunal ha señalado diversas irregularidades en el Plan Especial, criticando al Ayuntamiento por intentar camuflar un proyecto de urbanización en suelo no urbanizable como una actuación de Utilidad Pública y de Interés Social. Para Verdemar, se trató de una maniobra demuestra un intento de desvirtuar la realidad de la situación urbanística en la zona.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, había sostenido que la aprobación del plan era una oportunidad para potenciar la explotación caballar mediante la creación de minifincas. A su juicio, esta iniciativa podría generar empleo y riqueza no solo en San Roque, sino también en los municipios cercanos de Castellar, El Tesorillo y Jimena.
La decisión judicial ha sido recibida como un triunfo por Verdemar, que considera que el proyecto intentaba establecer un nuevo núcleo poblacional en un área donde el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) no lo permitía. Este colectivo había presentado alegaciones al respecto, las cuales fueron ignoradas en el proceso de aprobación del plan.
Para Verdemar, el Plan Especial representa un retroceso ambiental. El grupo ecologista argumentan que fragmenta el territorio y compromete la conectividad de los ecosistemas locales. Según Verdemar la propuesta, lejos de restaurar el entorno, simplifica un espacio que alberga múltiples hábitats, incrementando artificialmente el área disponible para la urbanización.
Además, el plan no consideró la existencia de dos enclaves arqueológicos catalogados, lo que pone en riesgo su conservación. Esto contraviene las normativas del PGOU, que prohíben el desarrollo en suelo no urbanizable protegido. La falta de atención a estos elementos clave subraya las deficiencias del plan, que no respeta la regulación ni promueve un desarrollo sostenible en la región.
