El colectivo Defensa Ciudadana Activa, de San Roque, calificó este viernes de "poco democrática" la actitud del concejal de Hacienda y portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, al dudar, en su opinión, de la legitimidad de los concejales para presentar alegaciones a los presupuestos.
DCA calificó de "opiniones personales” los informes realizados por el asesor jurídico e intervención municipal del Consistorio, que rechazan la legitimación de los concejales para presentar alegaciones a los Presupuestos, recordando que “no hay que ir muy lejos, ya que Jimena de la Frontera tiene anulados los presupuestos del año 2.008 por inadmitir las alegaciones de un concejal, considerando que debía al menos estar empadronado en el municipio”.
En la sentencia, que según indican, está dictada en Marzo de 2.012, la Magistrada-Juez "entiende, citando distinta jurisprudencia", que la condición de concejal y portavoz de un Grupo Político de la Corporación Local “le autoriza y hasta le obliga a recabar cuantos antecedentes, datos o informaciones resulten precisos para el desarrollo de su función y a presentar cuantas alegaciones y reclamaciones crea oportunas”, y continúa parafraseando la Sentencia de la sala Segunda del Tribunal Constitucional nº 173/2008 de fecha 18 de octubre, indicando que “efectivamente todo Concejal de un Ayuntamiento tiene un interés y una obligación de velar por el adecuado funcionamiento de dicha Corporación, en atención a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la Comunidad Vecina.” Por último, recordaron a Mayoral que “el desorbitado gasto extra de este Ayuntamiento no lo causan sus presiones para la realización de informes interesados que defiendan sus posturas, si no la cantidad de procedimientos judiciales que se pierden porque se niegan a respetar los derechos de los ciudadanos y luego tienen que pagar todos de sus impuestos", denunciaron.
En este sentido, informaron de que solicitarán los datos concretos del coste judicial de los procedimientos en los que se ha condenado al Ayuntamiento en los últimos años, “y dado que probablemente se hayan provocado también por supuestos informes técnicos erróneos, pedimos que se determinen y exijan responsabilidades de modo que no tenga el ciudadano siempre que pagar los caprichos de los políticos”, finalizaron.
