“Alejadas de la realidad”, así define el coordinador local y miembro del Consejo Político Nacionalde UPyD, José Luis Fernández, las valoraciones que ha realizado el alcalde, José Ignacio Landaluce, sobre la situación del sector hostelero durante agosto, supuestamente en base a los datos publicados por Horeca y las consultas atendidas en la Oficina de Turismo de Algeciras.

La formación magenta no da crédito a que Landaluce califique estos como los mejores resultados de los últimos años, cuando los propios afectados, es decir, los hosteleros de El Rinconcillo los han catalogado categóricamente como un desastre, “para lo que no les ha hecho falta abstraerse en valores porcentuales, sólo la aplastante realidad de hacer cuentas a finales de mes”.

En cuanto a las críticas vertidas por los hosteleros de la playa, Fernández ha trasladado al primer edil diversas preguntas, entre otras, si es cierto que el delegado de Playa, Segundo Ávila, no se ha dignado a visitar El Rinconcillo en toda la temporada de baño, ni a recoger las demandas que los vecinos y empresarios de la zona insisten en haberle hecho llegar en repetidas ocasiones.

Igualmente, el coordinador local de UPyD ha preguntado al alcalde si ha tenido constancia de la existencia en la playa de varios negocios que han emprendido su actividad comercial sin los permisos o licencias correspondientes, tal como ha afirmado Bernardo Martín, propietario del restaurante Bernardo, que ha ejercido de portavoz de los empresarios.

 

UPyD ha recordado las muchas y constantes críticas que acumula Ávila en relación a su gestión de la playa de El Rinconcillo, por parte deusuarios, empresarios y vecinos de la zona, las cuales fueron desoídas por el edil popular: megafonía, prestación de servicios a dependientes, horario de los lavabos, aparcamiento, suciedad, adaptabilidad en el acceso, etc.

Por todo ello, la formación magenta ha exigido a Landaluce el cese inmediato de Ávila como concejal y la designación de otra persona en su lugar, o bien la reasignación de sus competencias a otro compañero del equipo de Gobierno, considerando que “no reúne las aptitudes ni la actitud necesarias para ejercer como representante público al servicio de los ciudadanos”.