Teherán no reconoce la decisión de la Corte Suprema de EEUU que obliga a usar 2.000 millones de dólares de Irán retenidos en bancos de aquel país para indemnizar a víctimas de atentados y consideró que aplicarla será "un robo" y una "burla a la Justicia".
Así se expresaron tanto el ministro de Exteriores de la República Islámica, Mohamad Yavad Zarif, de visita en Nueva York, como el portavoz de su ministerio, Huseín Jaberí, en declaraciones recogidas hoy por la prensa local.
"Cómo ya hemos dicho antes, no reconocemos el veredicto del tribunal estadounidense, y el Gobierno de EEUU es muy consciente de eso. Saben muy bien que cualquier medida que concierna a los bienes de Irán en su país los pone en una posición de responsabilidad cara a cara ante la nación iraní y les obliga a devolver esos bienes", dijo Zarif tras una reunión en la Asamblea General de la ONU.
Jaberí, por su parte, fue aún más duro y consideró que el veredicto del Supremo estadounidense emitido el miércoles pasado, que determinó la entrega de 2.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en EEUU a los familiares de las víctimas de los 241 marines muertos en 1983 en un ataque terrorista en Beirut, supuestamente patrocinado por el régimen de los ayatolás, no es más que un acto de "robo".
"La emisión de tal veredicto por la Corte Suprema es una burla de la justicia y la ley, y no crea además ningún derecho para los ciudadanos estadounidenses", afirmó Jaberí.
Según el portavoz, la resolución judicial "es solo otra evidencia de la presencia de los círculos sionistas de influencia en la toma de decisiones de los EEUU" y que la misma "contradice los principios básicos de los derechos internacionales".
"El Gobierno de EEUU será el único responsable de compensar los daños y pagar las compensaciones impuestas por ese veredicto sobre Irán", dijo el portavoz, antes de señalar que la decisión "solo incrementa la intensa desconfianza de la nación iraní hacia las políticas hostiles de los EEUU".
Con 6 votos a favor y dos en contra, los ocho jueces que actualmente conforman el alto tribunal estadounidense determinaron que el Congreso había actuado dentro de sus capacidades cuando creó una ley que permitía demandar a países extranjeros por atentados terroristas ocurridos fuera de territorio estadounidense.
Con su decisión, el alto tribunal confirma fallos de cortes federales e 2007 y 2014 que determinaron que las familias de las víctimas de terrorismo debían recibir más de 2.000 millones de activos iraníes congelados en bancos de EEUU, como el Citibank de Nueva York.
La primera demanda fue interpuesta en 2001 -un mes después de los ataques del 11 de septiembre de ese año en EEUU- por Deborah Peterson, cuyo hermano murió en un atentado de Beirut.
La larga batalla legal para conseguir una indemnización de Irán ha estado protagonizada por 1.300 estadounidenses, que sostienen que el atentado de 1983 en Líbano estuvo "orquestado" por Irán.
Los familiares acusan a Teherán de proporcionar apoyo material al grupo chií libanés Hizbulá, en cuya fundación participó Irán y que saltó a la escena internacional a consecuencia del atentado de 1983 que costó la vida a 241 marines estadounidenses.
