El coordinador general del Consejo Internacional de Estibadores (IDC, en sus siglas en inglés), Jordi Aragunde, ha pedido al Gobierno español un “diálogo franco” en la negociación del convenio de la estiba y que habrá movilizaciones “a nivel mundial” en caso de que el decreto se aprueba sin consenso.
Así lo ha asegurado hoy en el encuentro celebrado en Algeciras con representantes de delegaciones de IDC en el que estibadores de diversos puntos del mundo han escenificado su apoyo a los trabajadores españoles del sector en sus reivindicaciones.
Aragunde ha explicado que esperan un “diálogo franco y sincero” y no “una tapadera” para poder decir que “se ha negociado y no se ha podido llegar a una modificación real”.
Considera que las negociaciones entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de la estiba en España y miembro de IDC, con el Gobierno deben derivar en “un consenso que mantenga las condiciones del trabajador y el alto índice de productividad de los puertos, que se supera año tras año”.
Sobre la posición de los estibadores, ha subrayado que “la línea roja es mantener la situación de los trabajadores aunque se modifique el convenio. No queremos despidos”.
Considera que manteniendo las actuales condiciones, los niveles de rendimiento y productividad serán “los mismos”. Ha citado como ejemplo el caso de Algeciras, que “recibió un premio hace poco por ser el tercero más productivo y que más crece de Europa”.
La elección de Algeciras para este encuentro se debe a que en su puerto trabajan 1.800 de los alrededor de 6.500 estibadores del país. Aragunde ha expresado su “preocupación” por estas familias y por las más de 20.000 a las que la estiba afecta de manera indirecta.
El coordinador general de IDC ha lamentado la situación actual, en la que “hay una amenaza semana tras semana de que el Gobierno apruebe el decreto”, lo que ha generado “manifestaciones en embajadas de España en todo el mundo”, al tiempo que considera que “no es lógico” que “hablen de negociación cuando por detrás están amenazando con sanciones por incumplir la sentencia europea”.
En cuanto a las movilizaciones, que esta semana fueron suspendidas, ha señalado que llegarán “si no hay acuerdo y el viernes se aprueba el decreto”.
“Aplicar el decreto implica despedir trabajadores y no contar con IDC. En ese caso habrá un trato diferenciado de las mercancías, siempre dentro de la legalidad de cada país”, ha manifestado.
Dichas movilizaciones se producirán “a nivel europeo y mundial”, según Aragunde. “Si las navieras plantean desviar el tráfico a otros puertos como Marsella o Tánger, tenemos acuerdos para que los estibadores de esos puertos nos apoyen. El nivel de acción será el nivel de reacción”, ha subrayado.
“En Bélgica se ha modificado el sector aceptando un registro de trabajadores como el que no quieren aplicar aquí. Desde Puertos del Estado nos han estado boicoteando”, ha denunciado.
En ese sentido, ha recordado que las grandes empresas “como APM, Hanjin y Hutchinson, que controlan el 80% del tráfico, optan por este modelo”.
Ha asegurado que de las grandes firmas del sector “JP Morgan es la única que no lo hace”, lo cual “coincide con la actitud de un Gobierno, liberalizador, de derechas y antitrabajador, como está demostrando”.
Aragunde ha insistido en que abogan por el diálogo y que su intención es que sean necesarias las movilizaciones porque “en un momento de crecimiento como el de ahora, las pequeñas y medianas empresas necesitan exportar y el 90% de las exportaciones son por los puertos y no queremos paralizarlos”.
