Se apagan los focos de Fitur y aún resuenan los ecos de la polémica sobre la promoción de la pizza roteña como producto estrella para atraer turismo en Rota. Si desde el gobierno municipal se ha decidido apostar por este símbolo de la “junk food” o “comida basura”, a la oposición popular le ha faltado tiempo para lanzar todos sus misiles contra el equipo de gobierno por la elección de la pizza como reclamo para sus visitantes. En un lugar que tiene más pizzerías por habitantes que el mismísimo Nápoles y con una calidad excepcional, no parece que haya sido una mala idea. Si hay que poner algún pero a la idea es la oportunidad de la misma. En un momento en que la influencia de la base americana declina progresivamente y sus puestos de trabajo son cada vez más reducidos, no parece ser como para estar muy orgullosos de la americanidad que simboliza la pizza roteña, mucho más si las autoridades americanas han mostrado su desprecio a los trabajadores en conflicto con la empresa LBAS (Louis Berger Aircraft Services) no moviendo ni un dedo para exigir a la empresa a que cumpla con las leyes españolas, con las sentencias judiciales y con los derechos de la plantilla. Bien por la idea, fatal por el momento elegido. Como correspondencia por parte del gobierno americano a la amabilidad del gobierno municipal, solo se les ha ocurrido machacar a los productores e industriales de la aceituna negra española subiendo sus aranceles en un 17,3 %, que se suman al 4,47 % que ya se impuso en noviembre. La política proteccionista derivada del “America First” de Donald Trump arremete contra las exportaciones españolas y puede que no pare aquí, pues según Antonio de Mora, Secretario General de ASEMESA (Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa), la imposición de aranceles podría continuar con el resto de productos agrícolas españoles. La justificación que ofrecen las autoridades americanas se sustentan en las acusaciones, sin ser ciertas, de “dumping” (vender los productos por debajo del precio que se paga en el país de origen). Un análisis más profundo nos revela que han sido las presiones de dos compañías californianas, Bell Carter Food y Musco Family Olive, productoras de aceitunas negras, las responsables de esta campaña tan agresiva y perjudicial para los intereses españoles. Se calcula que tendrá un impacto de pérdida de 2 millones de jornales en Andalucía y 350 millones de euros en estos primeros cinco años de duración de la medida. Hasta ahora no se han producido reacciones oficiales, si bien la patronal ASAJA ha pedido que se denuncie ante al OMC, que ha aprobado todas las subvenciones que reciben nuestros productos agrícolas. Este es el respeto al libre comercio del país paladín del libre mercado. Con amigos como estos para qué queremos enemigos.