El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, ha denunciado que, “una vez más”, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, “engaña a los ciudadanos y antepone los intereses de su partido, el PSOE, y del PP que mantienen la Mancomunidad a costa de las tasas de agua y de basura, a sabiendas que en San Roque, rescatando estos servicios se puede beneficiar a los ciudadanos debido a la capacidad financiera que obtiene por nichos de recaudación del potente sector industrial y turístico que permitiría bajar entre un 30% y 50% los recibos de agua y basura sin poner en peligro el resto de servicios del ayuntamiento”.
“Durante casi tres años ha proclamado este rescate, convencido del beneficio y posibilidades de rebajar sustancialmente la factura a los ciudadanos, en San Roque nos hemos tirado durante 16 años hasta sin pagar la recogida de basura porque con una buena gestión se compensaba con el resto de ingresos provenientes de la industria y el turismo”, añade.
Recuerda Mayoral que “en el mes de octubre el Pleno aprobó el rescate de los servicios una vez que se tuvieron los informes técnicos con el personal a subrogar para realizarlos desde el ayuntamiento, incluso se desestimaron con los informes técnicos favorables las alegaciones presentadas por la Mancomunidad y los servicios se incluyeron en el Presupuesto de 2018 con equilibrio de ingresos y gastos, beneficiándose de entrada los ciudadanos un 10 por ciento del IVA al pasar el servicio al ayuntamiento y estar exento de este impuesto, que supone más de la bajada de la exención de cobro de los primeros 20 metros cúbicos de consumo para los usuarios domésticos, salida política que le han dado al alcalde”.
“Pero no queda solo ahí el perjuicio a los intereses del Ayuntamiento sino que en el convenio actual, después del susto que se ha llevado Mancomunidad, por la posible salida de uno de los ayuntamientos de ARCGISA, ha endurecido las clausulas del convenio, incrementando las penalidades sobre el personal del que se deba hacer cargo el ayuntamiento si en el futuro intenta de nuevo un rescate de las competencias cedidas y se ha blindado la gestión tarifaria , las subidas a realizar en caso de los desequilibrios financieros y el control de la Comisión creada para el seguimiento del Convenio”, alega.
En el Pleno, recuerdan desde el PIVG, su portavoz “puso en duda interpelando al alcalde que se hubiesen leído un Convenio tan desfavorable para los intereses del Ayuntamiento y estamos seguros que el resto de concejales del equipo de gobierno no lo han leído, porque se llevó de urgencia al Pleno, pero eso no es nuevo, Ruiz Boix solo los utiliza para que levanten el brazo en el Pleno”.
“Ni tan siquiera sabemos, por qué no se ha aportado ni el informe Jurídico de la Secretaria General ni de la Interventora si el convenio se adapta a la legalidad, motivo por el que pondremos desde el PIVG un recurso de reposición de la anulabilidad del acuerdo y por mezclar acuerdos sobre intenciones de cambios de tarifas en Pueblo Nuevo y Sotogrande que no gestiona ARCGISA”.
