El concejal del Grupo Municipal Socialista, Jerónimo Andreu, ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por el portavoz del Gobierno, Andrés Núñez, en las que afirma que la clasificación de la península de Sancti Petri como suelo no urbanizable “es la opción recomendada por expertos en la materia como el redactor del Plan General de Ordenación Urbana y el jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, así como que lo que está claro es que la propuesta de Román de calificar Sancti Petri como suelo urbano es ilegal”. “Hoy el señor Núñez ha abierto un melón muy interesante y esperemos que sirva para que veamos la luz”, ha manifestado Andreu, quien ha añadido que “ha puesto sobre la mesa un asunto que nunca hemos tocado, puesto que él se ha puesto de portavoz de los técnicos”.
“Por ello, creemos que es el momento de que los técnicos hablen de verdad, estampando su firma en los informes que hagaN, no que sean interpretados por el señor Núñez como hace el PP”, ha expresado el concejal socialista, quien ha anunciado que, en la reunión que los técnicos redactores del Plan General tendrán con los grupos políticos la próxima semana, “vamos a pedirle al representante de la empresa redactora, que me imagino será el señor Fustegueras, un informe firmado por él en el cual se manifieste sobre determinados aspectos del PGOU, un documento que todo el mundo sabe que es político, no un documento técnico”. “Todos sabemos que primero se hace un documento técnico y posteriormente los políticos van indicando qué hay que poner en él, de ahí las diferencias tan grandes entre el borrador que se nos entregó en agosto y el documento para su aprobación inicial que se nos entregó en diciembre, el cual no va firmado por los técnicos”, ha aclarado.
Entre los aspectos del PGOU sobre los que el Grupo Socialista va a solicitar un informe firmado por el representante de la empresa redactora, “vamos a pedir que nos diga si la recomendación que él hace es que Sancti Petri sea clasificado como suelo no urbanizable y si su clasificación como suelo urbano es ilegal, como dice el señor Núñez que dice el señor Fustegueras”. “No queremos que el portavoz del señor Fustegueras sea el señor Núñez, sino que el portavoz del señor Fustegueras sea él mismo”, ha indicado el edil socialista. “Nos sorprendería que el señor Fustegueras firmara un informe diciendo lo que dice Núñez, sobre todo, porque en otra etapa ha aconsejado que se clasificara Sancti Petri como suelo urbano”, ha recalcado Andreu, quien ha añadido que “la Ley de Ordenación Urbanística es la misma de 2007”.
“Con este informe firmado por el representante de la empresa redactora del Plan, veríamos luz en este asunto y, sobre todo, se nos diría si realmente la clasificación del poblado como no urbanizable es una decisión técnica o política, porque creemos que se trata de una decisión política de mucho calado”, ha comentado Jerónimo Andreu, quien ha aclarado que “no es verdad que Sancti Petri se protege al clasificarlo como suelo no urbanizable”. “No hablamos de suelo no urbanizable de protección especial, que realmente sí protegería la península, sino que es simplemente urbanizable y en él se puede redactar un Plan Especial y, por tanto, podría haber una edificabilidad de 0,2 metros cuadrados por cada metro cuadrado, es decir, que se podría ocupar 20.000 metros cuadrados, 40.000 si se construye en dos plantas”, ha explicado el edil del Grupo Socialista, quien ha añadido que “tan solo pedimos que hablen los técnicos y firmen un informe aclarándolo”.
Costes de regularización
Asimismo, Jerónimo Andreu ha destacado que, “puestos a pedir, vamos a pedir que se nos informe sobre otros aspectos del Plan General como los costes de regularización, sobre los que tan solo habla la señora Ayala (PVRE)”. “Mientras que de Sancti Petri solo habla el PP, del proceso de regularización solo habla el PVRE, lo que demuestra que hay un pacto para que uno apruebe el proyecto planteado para Sancti Petri y el otro el criterio de regularización y la factura que la paguen los chiclaneros”, ha asegurado.
“Vamos a pedir, por tanto, que el representante de la empresa redactora firme un informe, en el cual se nos aclara los costes de la regularización, no el precio”, ha recalcado Andreu, quien ha aclarado que “los costes vienen reflejados en un análisis técnico, es decir, las cosas valen lo que valen. Sin embargo, los precios son políticos, puesto que los representantes políticos pueden decidir que paguen unos u otros de diferentes maneras”. “Por tanto, no vamos a pedir que se nos informe del precio que van a poner los políticos, sino del coste del proceso de regularización”, ha insistido.
En este sentido, el concejal del PSOE ha destacado que “la sustancia del pacto entre PP y PVRE está en que, en el diseminado, el precio y el coste no coincidan y, por tanto, que el coste que no se pague con el precio que los políticos estipulen lo termine pagando el resto de los chiclaneros”. “Hemos esperado a que desde el PVRE dijeran algo sobre los costes del proceso de regularización y, sin embargo, no han dicho nada”, ha criticado Andreu, quien ha expuesto que “el Plan anticipa unos costes importantes. Así, en la página 71 del documento 7 se aclara que hay un coste total de 1.005.897.561 euros, de los cuales el coste de la urbanización interior del suelo urbano no consolidado, es decir, el diseminado, es de 383.712.538 euros. Todo ello sin añadir que también tienen que participar en el ciclo del agua (145.223.000 euros) y otros aspectos”. “Este coste para un suelo urbano no consolidado que, entre viviendas existentes y las que se proponen, supone un total de 16.485 viviendas. Así que hagan ustedes las cuentas, pero el coste es muy superior a las 12.794,62 euros que anunció en su día el PVRE”, ha comentado.
“Por tanto, tenemos que dejar claro que vamos a pedir en ese informe cuál es el coste del proceso de regularización. No vamos a pedir el precio, puesto que se puede poner, por ejemplo, un canon por el agua, que tengamos que pagar todos los chiclaneros, no solo los propietarios de viviendas irregulares”, ha reiterado Jerónimo Andreu, quien ha aclarado que “hay que distinguir entre el trabajo político y el trabajo técnico”. “El precio, en definitiva, va vinculado al pacto entre PP y PVRE y lo mismo en el Partido Popular se olvidan de cuáles sus electores, puesto que parece que están dispuesto a pasarle la factura a todos los chiclaneros, entre ellos, lógicamente sus votantes”, ha incidido. “Si el precio no coincide con los costes, tendríamos que hacer cuentas para saber cuál es la diferencia entre ambos, que tendrá que pagarse de alguna manera”, ha finalizado.
