El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Francisco Fuentes, ha afirmado que, en su opinión personal, "no puede establecerse una relación directa entre crisis e incremento de infracciones penales (delitos)".
Sin embargo, Fuentes, en una entrevista concedida a Europa Press, ha precisado que "todos somos conocedores de que una crisis económica profunda puede generar situaciones dramáticas", en cuyo marco "determinadas personas pueden entrar en la marginalidad, por ejemplo".
Eso, según ha señalado el teniente coronel del Instituto Armado, "sí que puede propiciar un acercamiento a conductas delictivas", lo que puede dar lugar "a la comisión de determinados hechos delictivos, que pueden tener en este hecho su justificación o su base".
Pero, a pesar de ello, el máximo responsable de la Benemérita en la provincia afirma creer, "sinceramente, que no habría que establecer esa relación directa" entre una situación de crisis económica, como la presente, y un hipotético aumento en el número de delitos que se producen.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Por otro lado, en cuanto al proyecto de Ley de reforma del Código Penal, que el Gobierno de la Nación ya ha llevado al Congreso de los Diputados, Fuentes, entiende que "todo aquello que pueda suponer disuadir a quien pueda cometer un hecho delictivo, bienvenido sea".
En este sentido, Fuentes ha señalado que, "al final, la reforma del Código Penal lo que pretende", entre otras cuestiones, "es poner en valor la lucha contra las sustracciones en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas, pues estamos hablando de un agravamiento, en determinados casos, de las penas".
Esto, a juicio del teniente coronel de la Guardia Civil, "puede tener sus efectos positivos, y el tiempo lo dirá, sobre todo cuando hablamos de multirreincidencia o de grupos organizados que se dedican a actividades delictivas", como por ejemplo al robo de cableado.
De hecho, el texto legislativo que se tramita en las Cortes prevé la imposición de penas de hasta seis años de prisión para las sustracciones de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicio de telecomunicaciones, es decir, cuando dichas sustracciones afectan a servicios públicos básicos.
