El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha anunciado este jueves que su partido quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional la potestad que tiene la Iglesia Católica para poner a su nombre bienes públicos, una capacidad que le otorga el artículo 206 de la vieja pero aún vigente ley hipotecaria de 1946 y el decreto de 1998, y para ello está recabando el apoyo de diputados de otros grupos políticos.
Tras reunirse con las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, Lara ha explicado a los diputados que se están recogiendo firmas de otros parlamentarios --la legislación establece que se necesitan al menos 50-- para presentar ese recurso de inconstitucionalidad y que "haya un dictamen para que se devuelva al pueblo lo que es del pueblo".
Cabe recordar que la reforma de la Ley Hipotecaria, que está en trámite, no cita las prácticas de la Iglesia y, si bien, de aprobarse, dejarían de estar permitidas, da un año más de cadencia para seguir actuando de ese modo ya que hasta que no transcurra ese periodo no se derogaría el artículo.
Lara considera que desde 1998 la Iglesia Católica ha hecho un "expolio" de miles de bienes que son patrimonio del Estado constituyendo el "mayor pelotazo inmobiliario, cuando menos, en la historia de la democracia" y de ahí que haya manifestado su apoyo a las dos plataformas y prevea plantear un recurso de inconstitucionalidad.
Tras la reunión con IU, que ha sido precedida de otra con el PSOE, Miguel Santiago, el portavoz de la plataforma cordobesa, ha pedido a los partidos que reaccionen "porque si no, el pueblo se queda sin patrimonio" y ha recordado que no se trata de cuestionar el uso "sino la propiedad, que es del pueblo".
Santiago ha dicho que esta situación es "inconcebible en Europa", "donde se echarían las manos a la cabeza con que la Iglesia se quede con el patrimonio del país" y ha lamentado que el PP "no quiera entrar en el debate" y siga "la estrategia de que lo mejor es que la iglesia se quede con los bienes".
Al hilo de ello, ha dicho que el resto de los partidos "deben reaccionar y dar una respuesta" porque "todos ven que es inconstitucional". "Deben defender los bienes y a los ciudadanos, no se puede permitir que el Estado Vaticano se quede con el patrimonio de todos los españoles y que miles y miles de catedrales, parroquias, capillas, plazas o espacios públicos se las quede la Iglesia", ha subrayado.
"LA MAYOR INMOBILIARIA DEL PAÍS"
En línea con ello, la portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Carmen Urriza, ha expuesto que la situación "ha permitido que la Iglesia sea ahora la mayor inmobiliaria del país y haya arrebatado bienes que habían sido costeados por los ciudadanos".
A su juicio, la reforma hipotecaria no resuelve el problema y su preocupación es que se deje pasar "como si no hubiera ocurrido nada". "No hay otra salida que un análisis político de la realidad, para ver qué instrumentos hay para que un artículo predemocrático e inconstitucional haya permitido semejante salvajada", ha defendido.
Urriza ha concluido señalando que la situación despierta gran "alarma social" y, en virtud de ello, hay una "gran iniciativa ciudadana" que "no va a quedarse de brazos cruzados".
